Editorial

El dilema de los barrios usurpados

Hace un mes que la Justicia autorizó de manera definitiva al Ejecutivo a recuperar las viviendas tomadas de manera irregular.

Desde aquel 3 de abril del año pasado, cuando vecinos del norte de la ciudad usurparon el barrio en construcción Santa Rita II, en esta columna editorial se viene advirtiendo que lo sucedido desnudó un complejo problema político y social, que va más allá de cualquier respuesta que pudiera surgir desde los ámbitos judiciales.

De hecho, a poco de cumplirse 15 meses desde la usurpación, las casas continúan ocupadas de manera ilegítima a pesar de que, a principios de abril pasado, la Corte Suprema de Justicia de la provincia rechazó el último recurso jurídico tendiente a impedir el desalojo del complejo habitacional. Una situación semejante se plantea en el barrio Las Delicias, también usurpado desde hace más de un año.

En primer lugar vale insistir en que este tipo de usurpaciones resulta inaceptable, más allá de que el problema habitacional es evidente. Gran parte de las familias que ocuparon estas casas carecían de viviendas. Sin embargo, muchos otros aprovecharon la ocasión para apoderarse de lo que no les pertenecía e, incluso, para obtener réditos económicos a través del alquiler o venta de los inmuebles.

Las usurpaciones tomaron por sorpresa al gobierno provincial. Se produjeron durante un feriado y las autoridades demoraron demasiado en reaccionar. Lo primero que hicieron fue alcanzar un supuesto acuerdo con los usurpadores, pero luego se percataron de que este camino conducía a la convalidación de un hecho irregular y delictivo.

Entonces, optaron por desconocer el acuerdo inicial y denunciaron lo sucedido ante la Justicia. Durante varias semanas, las autoridades políticas insistieron en que tendrían las manos atadas mientras los magistrados intervinientes no resolvieran la situación.

Sin embargo, no era mucho lo que se podía hacer desde los Tribunales frente a este complejo problema social y político.

Un par de semanas antes de las usurpaciones, El Litoral publicaba una información bajo el siguiente título: “El plan de 180 viviendas en Santa Rita II está paralizado hace cinco años”. Ese mismo día, diputados provinciales del PJ denunciaban públicamente que el barrio en cuestión se encontraba en virtual estado de abandono. Con el apoyo de legisladores oficialistas, presentaron un pedido de informes al Ejecutivo.

La construcción de este barrio se inició durante 2006, en el marco del Plan Federal I. El plazo de construcción era de 12 meses, pero en 2007 la obra se paralizó y quedó a medio terminar por falta de fondos.

El 19 de abril de 2010, se supo que los techos de al menos diez viviendas habían sido desmantelados por desconocidos. El proyecto continuaba paralizado y en virtual estado de abandono. Se dijo que las 180 viviendas iban a ser terminadas con fondos de la provincia, a más tardar a principios de 2011. Pero nada de esto ocurrió.

Hace un mes que la Justicia dio su veredicto definitivo y autorizó al Ejecutivo a recuperar las casas. Sin embargo, el tiempo transcurrido confirma que la salida al conflicto nunca estuvo en los Tribunales.

En definitiva, a la innegable crisis habitacional se sumó una sucesión de errores políticos que desembocó en un problema que aún sigue sin resolverse.

A la innegable crisis habitacional se sumó una sucesión de errores políticos que desembocó en un problema que aún sigue sin resolverse.