Galassi manifestó el apoyo del gobierno a la ley, y la imposibilidad de cumplirla por cuestiones de jurisdicción nacional.
Foto: Archivo El Litoral
De la redacción de El Litoral
Legisladores y dirigentes de varios partidos políticos de la provincia firmaron ayer en Rosario una declaración exigiendo al Poder Ejecutivo y al Tribunal Electoral que adopten “en forma inmediata las medidas administrativas y presupuestarias” que garanticen el cumplimiento de la Ley 13.235. Dicha norma -conocida como Ley Rubeo- establece la gratuidad de las campañas electorales en radio y televisión de la provincia y la prohibición de partidos políticos de contratar espacios en dichos medios. La preocupación está motivada ante la próxima elección primaria de concejales, intendentes y comisiones comunales.
La ley de la polémica está vigente desde hace un año. Pero ante los problemas de competencia e inconvenientes materiales advertidos por el Poder Ejecutivo para su instrumentación, el arco político acordó el jueves último aprobar un proyecto que suspende transitoriamente la gratuidad y mantiene la prohibición a los partidos de contratar publicidad de modo particular. La iniciativa intentó ser un atajo a un callejón sin salida, pero la falta de sanción definitiva de ese proyecto, y la insistencia del Poder Ejecutivo de que la Ley Rubeo es inaplicable en la próxima instancia electoral, volvieron a poner a la oposición en pie de guerra.
“Si la ley no se aplica, el gobierno estará cambiando las reglas de juego a sólo días de las elecciones”, dijo a El Litoral el presidente de la Cámara Baja, Luis Rubeo. “Porque los candidatos que se presentaron para las primarias, lo hicieron confiando en que iban a tener espacios gratuitos para difundir sus propuestas”, planteó. Y acotó que esta situación “beneficiaría a los oficialismos, en detrimento de los demás partidos”.
Por eso, insistió en advertir que “el gobierno no puede decidir si una ley vigente se aplica o no; la tiene que cumplir. De lo contrario -advirtió-, no descartamos iniciar juicio político a Antonio Bonfatti, por incumplimiento de sus deberes de funcionario público, y tampoco descartamos pedir que se suspendan las elecciones primarias”, disparó.
Desde el Poder Ejecutivo
Consultado por El Litoral, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, reiteró que la autoridad nacional electoral, en este caso la Dirección Nacional Electoral es la que comunicó al gobierno provincial que cuando las elecciones son simultáneas con las nacionales, en las provincias sólo habrá espacio gratuito en radio y televisión para las candidaturas a gobernador y a legisladores provinciales, lo que no se elige en este turno electoral en la provincia.
“Toda intervención sobre los medios audiovisuales es competencia del gobierno federal. Podemos tener la voluntad de aplicar ciertas políticas como las que plasmaron los legisladores provinciales en una norma, pero la decisión es la de la autoridad nacional. Consultamos y nos dijeron que la sesión de espacios gratuitos alcanza a autoridades nacionales y a las autoridades de alcance provincial. Para Santa Fe, sería para los candidatos de gobernador y vice y diputados provinciales. Por lo tanto, la sesión de espacios gratuitos no alcanzará a la elección de intendentes, presidentes de comunas y concejales. Nosotros no vetamos la norma provincial porque la compartimos. En 2015, esta ley permitirá que existan espacios gratuitos para las candidaturas de gobernador y vice y de diputados provinciales”, precisó.
Galassi dijo compartir el espíritu de la norma provincial pero planteó la dificultad objetiva que se plasma en el artículo 11 del decreto 760/13 del gobierno nacional que aprobó la reglamentación del régimen de campañas electorales en los servicios de comunicación audiovisual para las primarias.
El escrito
La declaración de los 26 partidos políticos que estuvieron representados ayer en Rosario (ver aparte) concluye “que es obligación inexcusable del Poder Ejecutivo solucionar toda cuestión o dificultad referida a tramitaciones ante autoridades nacionales o ante los propietarios de los medios de comunicación, tendientes a la obtención de los espacios radiales y televisivos que utilizarán los partidos políticos en sus campañas electorales y de ese modo garantizar el derecho a la libre y democrática expresión de los mismos”.
