editorial
Sacar policías a las calles
Mejorar la seguridad pública requiere de un abordaje integral y profundo, del cual deben formar parte cada una de las medidas que se tomen.
Con la cuestión de la seguridad -una vez más- en el primer plano de la atención política y social, frente a la proliferación de atracos, la sucesión de hechos violentos y aberrantes, y el escándalo en torno a la vinculación de jefes policiales con el narcotráfico, todas las medidas que pueda tomar el gobierno al respecto resultan bienvenidas; aunque a la vez exigen ser parte de un esquema más abarcador y profundo para ser realmente efectivas.
En ese orden, la decisión de implementar un programa de paulatino ingreso de personal administrativo a la fuerza de seguridad, con el objetivo de liberar de esa función al personal que se encuentra capacitado para llevar a cabo tareas de prevención y patrullaje, es un paso concreto dentro de la estrategia de “sacar policías a las calles”. El mismo objetivo perseguido, por la eliminación, dentro de las comisarías, de trámites ajenos a la función de combatir el delito.
Naturalmente, esto tiene que ser parte de un diseño más amplio y minucioso, que incluye la capacitación de ese mismo personal -abordada recientemente a través de profundas modificaciones curriculares en las instancias de formación-, su actualización permanente en lo que hace al uso de nuevas tecnologías y modalidades criminales, e incluso en cuestiones básicas de psicología para afrontar situaciones conflictivas o la contención de personas en situación de víctimas.
En general, el avistaje de uniformados traslada a la población una sensación de “presencia” que le transmite algún grado de tranquilidad -como contrapartida, la inadvertencia de agentes y patrulleros suele ser recalcada por los ciudadanos-, que puede abonarse durante un tiempo más o menos prolongado, pero que desaparece frente a la comisión de un hecho violento. Esto demuestra que, al margen del (beneficioso) efecto psicológico, es más útil un despliegue que cubra puntos neurálgicos, y que no se reduzca a la visibilidad en espacios concurridos.
Los especialistas en la materia vinculan también el auge del delito y la sensación de inseguridad a la manera en que una sociedad desarrolla y ejercita las normas de convivencia. Es así que los comportamientos asociados con la “incivilidad” -el desprecio por los ámbitos públicos y bienes e instalaciones de uso común, la depredación urbana, la agresividad en el trato interpersonal o la violación de las normas de tránsito- comparten la misma matriz y, a la vez, forman parte de un círculo vicioso: el temor a vivir entre los congéneres y la percepción de que no existe un marco regulatorio común asumido y respetado, fomentan tanto la transgresión como la sensación de inseguridad.
Como se puede advertir, la cuestión es mucho más compleja de lo que puede resolverse con unas pocas decisiones oficiales, o analizarse en esta columna. Pero eso, no debe inhibir la idea de propiciar un abordaje que no se agote en el simple maquillaje, los golpes de efecto o la liviandad de las chicanas. Es en ese marco -y con esos límites- que la medida puesta en marcha por el gobierno provincial puede valorarse como un aporte.
