Contradicciones del relato

“La encerrona energeti-K”, revisitada

El reciente y opaco acuerdo de YPF con Chevron es el enésimo mentís al relato épico. A lo sumo, le servirá para ganar tiempo al gobierno, mientras se lo hace perder al país.

Sergio Serrichio

[email protected]

En noviembre de 2012, cuando se cumplían siete meses desde que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) había “recuperado” YPF arrancándosela de las manos a la pérfida Repsol en nombre de la “soberanía hidrocarburífera”, destacamos en estas páginas “La encerrona energéti-K” en que había caído la Argentina al cabo de un decenio de políticas insensatas. (http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/11/02/economia1/ECON-01.html)

A raíz de aquella nota, recibí varios correos de kirchneristas enojados, que me acusaban (amén de oligarca, vendepatria y adjetivos parecidos, que parecen preimpresos en los textos de la feligresía K) de “alarmista”, por difundir infundios, análisis sin fundamento. Todo por citar las condiciones que el kirchnerismo estaba negociando con empresas como Chevron, ExxonMobil y Sinopec para eludir, al menos temporalmente, el costo de sus propios dislates.

Un dilema irresuelto

El reciente y oscuro acuerdo de la YPF Nac & Pop con Chevron (la cuarta petrolera del mundo, descendiente directa de la Standard Oil of California, Socal, con la que Perón firmó los frustrados contratos petroleros de 1952) y la ola de frío -que en los últimos días alcanzó gran parte del país y que llevó al gobierno a decidir un corte casi total de la provisión de gas a la industria-, sin embargo, muestran la validez de aquel análisis y el dilema económico en particular, energético- que los próximos gobiernos deberán, de alguna forma, resolver.

El acuerdo con Chevron, que antes se aseguró el levantamiento de una decisión judicial que amenazaba con embargos por hasta 19.000 millones de dólares sus actividades en la Argentina, no sólo vuelve ridículo el cacareo oficial sobre la “soberanía hidrocarburífera”, pues estará regido por la ley y los tribunales franceses, sino que, lejos de asegurar la “seguridad jurídica” que demanda una actividad como la petrolera -inversiones multimillonarias, plazos de maduración largos, resultados inciertos- la vuelve un objetivo cada vez más lejano.

Negocio ambivalente

El acuerdo es por cierto un muy buen negocio para Chevron, que se sacó de encima una espada de Damocles y se asoció al caballo del comisario para explorar y explotar uno de los activos energético más promisorios del planeta, pero un muy mal negocio para la Argentina, que no resuelve ningún problema, salvo tal vez- darle algo de aire al gobierno y a la YPF Nac & Pop del “mago” Miguel Galuccio.

En perspectiva, el acuerdo hasta podría ser una buena noticia para Repsol, pues refuerza sus argumentos en la demanda internacional que planteó a la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglos sobre Diferendos de Inversión (Ciadi, un Tribunal de arbitraje que funciona en el marco del Banco Mundial). Si los fundamentos de la expropiación de YPF a Repsol fueron la falta de inversiones y la disminución de producción y reservas, ¿cómo es que para resolver esos problemas la reestatizada YPF se asocia a Chevron, cuya producción de petróleo entre 2009 y 2012 declinó 35 %, bien por encima de la caída promedio del sector, que fue del 20 %, e incluso de la de Repsol? Son datos de la propia Secretaría de Energía, algunos de ellos reproducidos en el Informe Mosconi que preparó el viceministro de Economía y zar de la planificación energética, Axel Kicillof. Y eso, notó el diputado nacional Claudio Lozano, que la actividad de Chevron estaba centrada en la cuenca San Jorge, una de las de mejor desempeño relativo en los últimos años, mientras que Repsol explotaba la hasta ahora declinante cuenca neuquina.

Prestidigitación

Hace tan sólo ocho meses, la “nueva” YPF prometía, en la voz de Carlos Alfonsi, director ejecutivo de downstream designado por el “mago” Miguel Galuccio, el presidente de la petrolera estatal repatriado por Cristina por sugerencia del gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, que la Argentina recuperaría el “autoabastecimiento” entre 2014 y 2015. Sin embargo, este año las importaciones sumarán entre 12.000 y 13.000 millones de dólares y aquel objetivo parece cada vez más lejano, pese al “carnaval” de inversiones del que habló Kicillof, emulando al secretario de Comercio, que alguna vez prometió “lluvia de gasoil”.

El problema tiene dimensiones macro pero fundamentos microeconómicos: una estructura de precios distorsionada y que será muy difícil corregir sin afrontar una crisis económica y política de proporciones. Entre 2001 y 2013, los precios se multiplicaron, en promedio, casi por seis, mientras que las tarifas energéticas aumentaron en torno de 50 por ciento. Gran parte de los hogares argentinos (en particular, aquellos de Capital y Gran Buenos Aires y de las grande urbes que cuentan con redes de gas natural) pagan hoy hasta 90 % menos que sus pares sudamericanos por la misma cantidad de energía.

Al fin de cuentas

Esa diferencia se cubrió con compras crecientes de hidrocarburo, reservas en descenso y una empinada cuenta de subsidios a los hogares que sólo por ese concepto, calculó el economista Federico Muñoz, superó en 2012 los 13.000 millones de dólares, más del 2 % del PBI.

La economía pudo sufragar esa cuenta porque en la última década, según calculó Rolando Astarita, profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires, los precios internacionales de las materias primas, en especial de la soja, le permitieron una “renta” de entre 120.000 y 150.000 millones de dólares. Renta que el Estado K despilfarró en subsidios absurdos, gasto y empleo públicos en ascenso y corrupción desaforada.

Ahora, su principal preocupación es estirar la hora del juicio, del encuentro con la realidad, hasta después de 2015. Necesita de las ubres de una Vaca Muerta para alimentar un relato que los hechos se empeñan una y otra vez en desmentir.

El problema tiene dimensiones macro pero fundamentos microeconómicos: una estructura de precios distorsionada y que será muy difícil corregir sin afrontar una crisis económica y política de proporciones.