editorial

Un escándalo innecesario

• La definición de que hubo un “error material” en la confección del acta de una mesa electoral de Tostado llegó después de fuertes cruces y derivaciones institucionales.

La ciudad de Tostado se convirtió, en los últimos días, en el epicentro de un escándalo electoral, que a la vez sirvió para poner de relieve la virulencia de rivalidades partidarias locales y la plena vigencia de prácticas clientelares y demagógicas en la campaña. Pero, sobre todo, las falencias y debilidades del esquema funcional y normativo que sustenta la actuación del Tribunal Electoral.

El debate se produjo por la discrepancia en los resultados electorales computados en una de las mesas, entre el telegrama confeccionado en primera instancia por las autoridades de la misma -tomado como base para el escrutinio provisorio- y el acta elaborada a continuación e incorporada a la urna -y que se utiliza para el escrutinio definitivo-.

Tras la sorpresa inicial de ganadores y perdedores, la negativa de la Secretaría Electoral a abrir la urna para contrastar los datos discordantes con un nuevo conteo de las boletas generó una tormenta política inesperada, donde la aparente sobreescritura en uno de los documentos disparó acusaciones de fraude e incluso denuncias penales. Por cierto, las autoridades provinciales tenían razones legales, formales y procedimentales para actuar de esa manera, pero quedó claro que tales disposiciones desafiaban el más elemental sentido común y la posibilidad concreta y efectiva de resolver el conflicto en cuestión de minutos.

E hizo falta mucho más para llegar a ese punto: previas acusaciones cruzadas a través de los medios, manifestaciones públicas, operativos policiales de resguardo, rebotes legislativos, regreso anticipado del exterior de la presidenta de la Corte -y del Tribunal Electoral- y acuerdo de los sectores involucrados, se pudo finalmente abrir la urna y constatar que se había producido un “error material”, como literalmente estableció la Dra. Gastaldi, producido en Tostado al momento de hacer la transcripción de los números.

La resolución fue satisfactoria e inobjetable, y disipó las dudas que amenazaban con enturbiar un proceso que había sido completamente claro y transparente. Pero requirió un trámite injustificadamente lento e intrincado, con efectos perjudiciales para la credibilidad de las instituciones y la confianza de los ciudadanos.

Lo cierto es que la sensibilidad de la cuestión electoral y el nivel de complejidad de la normativa aplicable, con la amplitud de aspectos involucrados -desde la inscripción de listas y candidatos y la publicidad de campaña, hasta la decisión sobre resultados controvertidos-, requieren un órgano dotado no sólo de idoneidad, sino también de especificidad. A saber: el Tribunal Electoral hoy es un órgano administrativo, aunque integrado por jueces, que se designan por sorteo. Y la Secretaría Electoral depende del Ministerio de Gobierno.

Mientras tanto, existen desde hace años en la Legislatura proyectos de ley -alentados, incluso, desde la Corte- que crean específicamente un tribunal judicial, con miembros elegidos a través del Consejo de la Magistratura y formación acreditada en la materia; además de regular diversos aspectos que hacen su accionar e incumbencias. Quizá el innecesario escándalo del caso Tostado pueda servir para reactivar su discusión.

El caso puso de manifiesto las falencias y debilidades del esquema funcional y normativo que sustenta la actuación del Tribunal Electoral.