Arrestaron a 28 personas
Sin violencia desalojaron las dos sedes gremiales
Mientras en el local de calle Junín la entrega fue voluntaria, en la central de Ituzaingó hubo resistencia y arrestos.
Foto: Flavio Raina
Juliano Salierno
El conflicto por la supuesta ocupación ilegítima de los edificios de la delegación local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) llegó hoy a su fin, tras cuatro meses y una semana de iniciado.
La denuncia por usurpación radicada el 21 de abril por el delegado normalizador de la Uocra, Salustiano Horacio Lemos, contra una fracción disidente al mando de Emanuel Araya, derivó en el desalojo compulsivo, pero sin escenas de violencia, que se llevó a cabo esta mañana en la casa central y las oficinas de los barrios Candioti y Constituyentes.
Bajo un estricto operativo policial encabezado por el jefe de la Unidad Regional Uno, Rafael Grau, el fiscal Nº 4, Juan Pablo López Rosas se trasladó temprano por la mañana a la sede de calle Ituzaingó 2043, donde hizo cumplir la orden de desalojo dispuesta por el juez Correccional Nº 5, Eduardo Pocoví.
“Medida provisoria”
Lo que comenzó como una disputa de intereses entre facciones en la interna gremial, derivó en un sinnúmero de actos de violencia, en los que no faltaron disparos, amenazas públicas y piquetes que imposibilitaron el tránsito por la ciudad durante varias semanas.
Mientras tanto, en tribunales se acumulan las causas penales que involucran a dirigentes de la Uocra, entre las que se suma la ocupación por la fuerza del edificio sindical.
En el marco de ese proceso por usurpación el juez Pocoví indagó a mediados de año a Emanuel Araya y dispuso al mismo tiempo “una medida provisoria” que fue una intimación previa, bajo apercibimiento de realizar el desalojo por la fuerza pública.
Pero “no hubo voluntad para que entreguen” el inmueble, confirmaron fuentes judiciales. Es más, los abogados de la facción de Araya, interpusieron un recurso de “revocatoria y apelación en subsidio”, ante la Cámara de Apelación Penal.
Contramarcha
El juez Pocoví rechazó en esa oportunidad el pedido de revocatoria, dando aún más argumentos que reforzaran su resolución, pero concedió la apelación con efectos suspensivos sobre el desalojo.
Sin embargo, la Cámara cambió los efectos suspensivos y habilitó al juez a continuar con el trámite, mientras en la segunda instancia se resuelven los demás planteos.
En ese contexto el magistrado citó a 20 personas en dos tandas consecutivas, que en los últimos 15 días debían comparecer, pero hasta el momento ninguno de ellos pisó tribunales.
El grupo está compuesto por aquellos que estaban en los lugares usurpados a la hora de realizarse las constataciones. Muchos de ellos fueron arrestados esta mañana, cuando la policía logró derribar la puerta principal del edificio de calle Ituzaingo.
“No usar las armas”
El fiscal Nº 4, Juan Pablo López Rosas, calificó el despliegue policial como “un procedimiento súper prolijo y bien organizado” y destacó la labor del jefe de la URI, Rafael Grau.
“Se pensó en todas las variables, llevaron un cerrajero, perros y lo más importante, las órdenes eran de no usar las armas”.
“Nos presentamos con el jefe de Policía y les hicimos conocer la orden de desalojo que si no colaboraban teníamos que hacerlo por la fuerza”, explicó López Rosas.
En tal sentido, el jefe policial Grau relató que personalmente “hablé a través de una mirilla con la gente que estaba adentro, que en ningún momento accedió al diálogo”. La intención era “poder ejecutar la medida de manera totalmente pacífica, ocurre que observamos que había varias personas en el interior” por lo que se temió una revuelta al momento de abrirse la puerta.
“Fuerza y moderación”
Si bien primero “comenzamos a hacer trabajar al cerrajero”, pronto resolvimos “el ingreso por la fuerza utilizando brecheros”, que son unas masas de hierro con extremidades redondeadas.
“Ingresamos con el uso de la fuerza, pero trabajamos con moderación” destacó el jefe del operativo que se mostró satisfecho porque “no hubo que lamentar lesionados de ninguna de las partes”.
Unos 130 hombres fueron dispuestos en los dos lugares y por cuestiones de seguridad pública la calle permaneció cortada hasta cerca del mediodía en barrio Candioti.
En cuanto a los 28 arrestadas, el fiscal López Rosas confirmó que están imputados por los delitos de “resistencia a la autoridad y desobediencia a la orden judicial”. En cambio en las oficina de calle Junín sólo se los demoró e identificó.
En calle Ituzaingó la circulación estuvo interrumpida esta mañana. La medida apuntó a minimizar riesgos a la población.
Foto: Flavio Raina
El dato
Autoridades presentes.
El operativo comandado por el jefe de la URI, Rafael Grau, contó con la presencia de 130 hombres, que estuvieron bajo las órdenes del subjefe de Unidad, Reinaldo Kienner; y los jefes de la Agrupación de Orden Público, Humberto Morgan; Agrupación Cuerpos, Sergio Fernández; y de la División Judiciales, Mónica Cáceres. También participaron los encargados de la 1ra. y 7ma. zona de inspección; especialistas de la Agrupación de Bomberos Zapadores, Cuerpo Guardia de Infantería (Sección Perros y Motorizada), GOE, TOE y Comando Radioléctrico.
La clave
Hora del desayuno.
La orden de que “no debía haber actos de violencia ni contiendas cuerpo a cuerpo” en el procedimiento emprendido hoy era absolultamente estricta. Tanto, que en las dependencias de calle Junín la policía se encontró con una mujer y tres chicos, a quienes les permitieron desayunar y buscar los útiles escolares. Además, fueron identificados el padre de las criaturas y cinco mayores más.
