Votación unánime en Diputados

Aval al Organismo de Investigaciones

• Dependerá del Ministerio Público de la Acusación. El kirchnerismo pidió a Bonfatti la remoción de Martorell.

Mario Cáffaro

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Por unanimidad, en el marco de una semana legislativa tensa, la Cámara de Diputados votó la ley del futuro organismo de investigaciones que dependerá del fiscal general, cargo que hoy ostenta Julio De Olazábal, como órgano técnico de apoyo a la gestión en el nuevo sistema penal que -según el compromiso del gobernador Bonfatti- entrará en vigencia antes de fin de año.

Sobre el final de la sesión de ayer, los diferentes bloques justicialistas pidieron al gobernador la remoción de la directora provincial de Políticas de Género, Mercedes Martorell, por considerar “que no está a la altura de los acontecimientos para cumplir las funciones políticas como responsable del área que ubica a la provincia con la tasa de femicidios más alta del país”. La rafaelina Rosario Cristiani hizo pública la postura que fue corolario de la reunión que la funcionaria mantuvo el miércoles en la presidencia de Diputados con varios de sus integrantes.

Por otra parte, el oficialismo -con apoyo tácito de varios justicialistas- le denegó el tratamiento sobre tablas a Darío Vega (Cien por Ciento Santafesino) de un proyecto de ley para intervenir en Concejo Municipal de Las Toscas, debido a que desde diciembre de 2011 se encuentra sin funcionar. Molesto y “con las manos vacías” el diputado originario de esa ciudad norteña se retiró del recinto, al no ser satisfecha su solicitud.

Un largo proceso interno

En cuanto al Organismo de Investigaciones, el tema llegó al recinto después de un extenso trabajo parlamentario tanto en comisiones como en ámbitos académicos donde se fueron buscando acercamientos. El expediente fue iniciado por un proyecto de Eduardo Toniolli y Gerardo Rico (Movimiento Evita), Leandro Busatto (Kirchnerista) y Avelino Lago (Producción y Trabajo) al que acumularon otro de Jorge Abello (Encuentro Santafesino). La tarea más extensa se dio en el tratamiento conjunto que hicieron las comisiones de Seguridad y de Derechos y Garantías, donde incluso sumaron el aporte del propio De Olazábal en uno de los plenarios. También los integrantes participaron de un debate organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, donde expusieron académicos de otras provincias y funcionarios del Poder Ejecutivo. Después sólo quedó el paso del dictamen por Presupuesto y Hacienda y ayer mismo por Asuntos Constitucionales.

El texto aclara que la competencia del Organismo de Investigaciones son los delitos que hagan suponer la participación de un grupo delictivo organizado; delitos cometidos por funcionarios públicos; por miembros de las fuerzas de seguridad policiales y/o penitenciarias y aquellos que por las características propias o la complejidad de la investigación el Ministerio Público de la Acusación disponga su intervención.

En los diferentes capítulos del texto girado al Senado se establecen los principios de actuación, a la que deberán ajustarse sus integrantes y el organigrama funcional que tendrá a la cabeza a un director general designado por el fiscal general, previo concurso público de oposición y antecedentes, acompañado de cinco directores regionales.

La ley votada ayer dedica un título a la formación profesional de los integrantes y crea el Instituto de Capacitación y Formación. También prevé la creación en el organismo del Departamento de Análisis de Información Delictiva para producir y recopilar la información generada por el propio cuerpo.

La Legislatura tendrá un observatorio para el seguimiento de este cuerpo y obliga al fiscal general a presentar anualmente ante la Asamblea Legislativa el informe de gestión del nuevo cuerpo.

Antes de la aprobación y en rueda de prensa, Toniolli señaló que el proyecto “intenta buscar respuestas tanto a la bajísima tasa de esclarecimiento de crímenes ligados a la proliferación de delitos complejos, como a la crisis de las fuerzas de seguridad que atraviesa nuestra provincia, con jefes policiales detenidos por su compromiso con estructuras delictivas y al reclamo generalizado de justicia que esta situación conlleva”.

Planteó que el cuerpo significará “un aporte en el plano de la calidad institucional, además de un avance en el plano de la seguridad ciudadana y de la transparencia en la administración de Justicia”. No dejó de remarcar que la reciente creación por parte del Ejecutivo de un cuerpo de investigadores al seno de la Policía santafesina “cumplirá funciones exclusivamente transitorias, para que los fiscales puedan recurrir a él cuando entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, y mientras se pone a punto la Policía Judicial”.

Solicitan la remoción de Martorell

Los diferentes subloques del kirchnerismo en la Cámara de Diputados firmaron una nota al gobernador Antonio Bonfatti donde le solicitaron la remoción de Mercedes Martorell, directora provincial de Políticas de Género “por haber demostrado no estar a la altura de los acontecimientos para cumplir con sus funciones políticas como responsable del área”.

Antes de finalizar la sesión de Diputados, Rosario Cristiani anunció la presentación de la nota en Casa Gris y dijo que la reunión del miércoles con la funcionaria “fue para olvidar; fue un relato avergonzado de la inacción”.

Martorell había sido citada en la sesión del pasado jueves y los diputados kirchneristas se retiraron insatisfechos de la reunión, y en la carta le dicen a Bonfatti que a través de las expresiones de la funcionaria “quedó de manifiesto el total fracaso de las políticas llevadas adelante por la Dirección en los últimos 20 meses”.

Cristiani explicó que “en 20 meses de gestión, han ocurrido más de 40 femicidios en la provincia; no se han elaborado protocolos de atención a las víctimas; el Registro Único de Víctimas de Violencia de Género aún se está redactando y no existen campañas de concientización ni orientación a las mujeres que padecen de violencia. A la luz de los hechos, los derechos se ven más que vulnerados y las urgencias no se consideran tales, ya que se sigue negando la realidad”.

Acotó que “la funcionaria habló de impulsar la transversalización de políticas de género en los diferentes ministerios, pero esa transversalización hace que se diluyan responsabilidades y no se asume que la comunicación entre los actores del Estado es inexistente a la hora de intervenir en los casos que revisten urgencia extrema como lo son los de violencia de género”.

El dato

Diferidos

Los 12 proyectos referidos a acciones contra la violencia de género no pudieron ser llevados al recinto ayer, debido a la falta de acuerdo en comisiones. En todos los casos se renovaron los tratamientos preferenciales para la próxima sesión aunque no está previsto el tratamiento en reuniones conjuntas de comisiones.

Tampoco hubo aval de la Cámara al tratamiento sobre tablas de una iniciativa del radical Maximiliano Pullaro, para solicitar precisiones sobre el retiro de gendarmes de la provincia de Santa Fe.