Una mañana de tensión en Santa Rita II

“La provincia avanzará en la recuperación de las viviendas”

Lo afirmó Gustavo Leone, secretario de Estado de Hábitat de la provincia, quien aseguró que sigue adelante el proceso de desalojo del plan habitacional usurpado hace un año y medio. Los ocupantes están alertas y a la espera de un ofrecimiento.

Salomé Crespo

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Tras el cumplimiento del plazo judicial para el desalojo voluntario de Santa Rita II, esta mañana el clima estaba crispado en el plan habitacional. Mientras tanto, el secretario de Estado de Hábitat de la provincia, Gustavo Leone, puso paños fríos a la situación que cobró efervescencia cuando se dio a conocer que estaban habilitados a hacer uso de la fuerza pública, si fuera necesario, para proceder al desalojo.

El funcionario afirmó que existe la firme decisión por parte de la gestión de recuperar las 177 viviendas usurpadas hace un año y medio, “por la vía pacífica”. A su vez, aseguró que todo el proceso de desalojo se hará en el marco de la sentencia de la jueza Sandra Valenti, que autorizó un protocolo para tal fin.

—¿Cómo están procediendo en el barrio? -preguntó El Litoral.

—La provincia avanzará en la recuperación de las viviendas. En el barrio hay rumores, pero la sentencia es clara en cuanto al proceso. La jueza determinó que el desalojo debe ser voluntario y pacífico antes de hacer uso de la fuerza pública. El jueves relevamos a las familias y les notificamos la sentencia. Dejamos un teléfono de contacto de Desarrollo Social y de la Dirección de Viviendas para concertar una entrevista. El contacto es para poder determinar la situación de calle, que los preserva, para luego darles una solución alternativa para la salida voluntaria y pacífica.

—¿Cuántas familias se atendieron y cuántas acordaron abandonar las viviendas?

— Entre ayer y hoy, recibiremos alrededor de 35 familias. Mañana, daremos a conocer cuántas acordaron. Si tienen un lugar alternativo donde ir, se le ofrece una salida contra la entrega de la vivienda mediante la firma de un acuerdo. Les damos un subsidio para la compra de material y que puedan construir en el terreno donde tengan la opción de hacerlo. Si no, se les da el monto para que las que no tengan donde ir alquilen por seis meses. También se los inscribe para un próximo sorteo de lotes en el norte de la ciudad que se va a hacer. Insisto en que la situación de cada familia es distinta. Con los que accedieron a irse, coordinaremos la salida porque nosotros haremos posesión de la vivienda para recuperarlas.

— ¿Cuál es el plazo para el diálogo?

— Nosotros vamos a entrevistar a las 168 familias registradas. Los que vienen acuerdan la salida.

Con los que no vengan, se esperará que se agote esa instancia y luego seguiremos con la segunda parte del proceso que está planteado en la sentencia.

— ¿La segunda parte es el desalojo con la fuerza pública?

— No es sólo con la policía. También deben participar la subsecretaría de la Niñez, Derechos Humanos, es un proceso especial.

A la espera

Pero en el barrio parece que buena parte de los vecinos no cree que logren salir de ahí mediante una propuesta que los convenza firmemente. Hoy, estaban a la defensiva, alertas, como preparados para hacerle frente a cualquier circunstancia. Y para eso acondicionaron el terreno. Con cintas plásticas, bloquearon el paso por calle Miguel Aguiar, en las esquinas quemaron una importante cantidad de cubiertas, el humo tóxico que largaban tiñó el cielo despejado. Caminaban por las veredas mirando con desconfianza a las caras que no conocían. Dejaron pasar a El Litoral y le devolvieron la mirada al “Gauchito Gil”, honrado en un santuario en la misma calle vedada al tránsito. De alguna forma le piden protección al santo y atención a las autoridades.

En ese clima crispado, proliferan las versiones sobre lo que podría llegar a pasar. Algunos afirman que durante el fin de semana, cuatro casas fueron desocupadas porque “la Municipalidad las compró”. Y le pusieron precios bien dispares: “4.000, 7.000 ó 500 pesos”. Otros dicen que si bien algunas familias se fueron de las viviendas, fueron ocupadas inmediatamente por otras. También crecen rumores con respecto al plan de la provincia para recuperar el codiciado plan habitacional: “Van a arreglar con algunos para decir que están en situación de calle y al resto nos van a sacar con la policía. Sabemos que ofrecen 12 mil pesos para materiales o un alquiler, pero nosotros queremos una casa digna”.

Natalia Segovia fue elegida delegada “para hablar con los medios”. Hace un año que vive en Santa Rita. “No dormimos, tenemos miedo que venga la policía a sacarnos. Nosotros queremos una casa digna, tenemos para pagar pero como no tenemos recibo de sueldo no podemos acceder. Acá hay muchos chicos que van a la escuela, muchos terminaron de construir las casas. No podemos quedarnos en la calle”, afirmó la mujer. La otra delegada, Nancy Ceballos, tiene una postura similar a la de Natalia y a la de todos ahí. “Esperamos que el gobierno se haga cargo de nosotros. Estoy acá desde el primer día, trabajo en negro y se me hace muy difícil pagar un alquiler. Mis hijos son felices acá. No quiero nada gratis por eso pido una posibilidad, soy pobre pero puedo pagar”, aseguró.

De las modestas casas salen las señales de algunas radios de la ciudad. Cada vez que se escucha “Santa Rita” todos paran los oídos para prestar atención a lo que se dice del barrio. “Ese que no venga acá”, determinó un vecino que escuchó cuando un conocido periodista local afirmó que “había representantes de Hábitat entrevistando a los vecinos del barrio”. En la recorrida que realizó El Litoral no encontró a ningún censista. Sí, estaba el referente de la Corriente Clasista y Combativa, Sebastián Saldaña dialogando con los vecinos.

Diariamente, el barrio tiene el ritmo de cualquier otro. Los niños van a la escuela o juegan con sus vecinos en la calle. Hombres y mujeres van a trabajar. Nada indica que el trasfondo de la vida allí es complicado. Aunque en varias oportunidades los vecinos de las adyacencias denunciaron hechos de inseguridad. Foto: Flavio Raina