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Ofrecer trabajo a los refugiados, una solución solidaria en Brasil

Como muchas personas en Brasil prefieren no trabajar y recibir el subsidio del Bolsa Familia, algunas empresas comienzan a contratar a refugiados políticos que ven en el trabajo una opción de mayor integración.

Alba Santandreu

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EFE

Brasil atraviesa dificultades para satisfacer su necesidad de empleados y algunas de sus empresas han visto una mano de obra “efectiva” en los refugiados políticos, que, gracias a este tipo de iniciativas, han comenzado a reconstruir las esperanzas deshechas en el camino.

Hace 7 meses y 15 días que Buba Fatti abandonó su país, Gambia, tras ser amenazado por un clan local. Ahora, tras recibir el estatus de refugiado político en Brasil, Fatti ve cómo el boceto de “un futuro mejor” empieza a tomar forma gracias a la oportunidad que una fábrica de Sao Paulo le concedió.

La empresa, dedicada a la construcción de muebles de cocina y baño, ofrece desde hace un año la oportunidad para que un grupo de refugiados tengan un empleo en Brasil y pueda integrase en una nueva sociedad tras haber abandonado sus respectivos países y familias.

“La iniciativa surgió porque no encontrábamos mano de obra. En Brasil nosotros tenemos un problema, y es que hay muchas personas que prefieren estar en casa recibiendo el dinero de Bolsa Familia (subsidio que el Gobierno concede a los pobres), que trabajando”, aseguró a Efe Caroline Pitarelli, directora comercial de Primorald.

Desde el mandato del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, el Gobierno de Brasil impulsa el programa Bolsa Familia, una iniciativa social basada en la entrega de un subsidio para las personas con menos recursos económicos y que se ha convertido en modelo mundial.

Buen ejemplo

Actualmente, la empresa, situada en el municipio de Santo André, en la región metropolitana de Sao Paulo, tiene contratados a trece refugiados, la mayoría de ellos provenientes de África, que han ayudado al resto de empleados a “crecer culturalmente y a dar más valor al trabajo”, explicó Pitarelli.

“Lo que ellos nos enseñan es mayor de lo que pueden aprender”, aclaró la directora de la empresa, quien precisó que son una mano de obra “efectiva” y que el único requisito pedido por Primorald para su contratación es la “fuerza de voluntad”.

Entre los once refugiados que trabajan en la línea de producción de la fábrica, el 90 % procedente de África, se encuentra Praman Gurung, un joven nepalés que hace un año y tres meses huyó del país asiático debido a sus “problemas políticos”.

“Me siento triste de tener a mi familia lejos”, comentó Gurung, un sentimiento compartido por Fatti, quien, con los ojos humedecidos, expresó que le gustaría traer a su familia algún día a Brasil, el país que le está dando la oportunidad de “empezar de nuevo”.

La idea de contratar refugiados fue propuesta por la organización no gubernamental (ONG) Adus, desde la que su director ejecutivo, Marcelo Haydu, da una mano a decenas de expatriados cada año a iniciar un nuevo capítulo de sus vidas en el país latinoamericano.

Desde hace cuatro años, Adus ha ayudado a cerca de 200 refugiados provenientes de diversos puntos del mundo a trabajar en empresas brasileñas, la mayoría de Sao Paulo, aunque también hay compañías en los estados de Río de Janeiro y Santa Catarina que apuestan por la adaptación de esta mano de obra en el país.

“Es una forma de devolverles la esperanza después de una situación difícil. Nuestro objetivo es hacer que tengan las condiciones de trabajar (...), de forma independiente. Por eso enfocamos nuestros esfuerzos en conseguir cursos de portugués y su inserción en el mercado de trabajo”, comentó Haydu.

No obstante, a pesar de la falta de trabajadores en las fábricas brasileñas, según comentó Pitarelli, “todavía existe una resistencia (por parte de los empresarios a contratar refugiados) por falta de conocimiento, prejuicios o miedo”.

Persecución británica

• La contracara de Brasil es el Reino Unido donde más de 140 ciudadanos se han quejado después de que el Ministerio británico de Interior les enviara mensajes al móvil acusándolos erróneamente de estar de forma ilegal en este país.

Entre las personas a las que el Gobierno acusó de ser inmigrantes ilegales figura un veterano activista por los derechos civiles que lleva viviendo en este país desde 1966, según recoge hoy el diario británico “The Independent”.

Funcionarios del citado ministerio dirigieron a cerca de 40.000 personas, supuestamente sospechosas de no tener derecho a permanecer en el país, mensajes en los que se les instaba a ponerse en contacto con las autoridades para estudiar su caso y su estatus de inmigración.

Un portavoz de ese ministerio declaró que “es correcto reforzar las leyes” y “adoptar medidas para ponerse en contacto con individuos cuyo historial muestra que no tienen el derecho válido para estar en el Reino Unido”. Interior precisó que tan solo catorce personas habían sido contactadas por error.

El secretario de Estado para Inmigración, Mark Harper, señaló a la cadena pública BBC que un controvertido programa gubernamental que empleaba furgonetas por barrios de Londres con carteles que instaban a los inmigrantes ilegales a que se fueran “a casa” o “afrontaran la detención” podría extenderse a todo el país.

El activista por los derechos civiles Suresh Grover, con pasaporte británico, que recibió por error uno de los mensajes de móvil de Interior, admitió a “The Independent” que se sintió “horrorizado” y en “shock” por el contenido.