Interviene la Justicia por acciones del presidente del ente Portuario

De la Redacción de El Litoral

El juez de Instrucción Primera, Jorge Pegassano, investiga la presunta comisión de delitos atribuidos al presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe (EAPSF), Marcelo Vorobiof y personas de su entorno, por el fiscal Nº 7, Jorge Andrés.

La investigación, surgida del requerimiento del referido fiscal, apunta al menos a una decena de personas. Además de Vorobiof, son involucrados familiares, allegados y un empresario de la construcción.

El pedido del fiscal, fechado el 25 de septiembre, busca que se investigue si se incurrió en el presunto delito de “administración irregular del Ente”, ya que según su encuadre no se habrían respetado los pertinentes mecanismos de contratación al usarse la vía de contrataciones “directas” y “sin procedimiento de selección”, indicaron fuentes cercanas al caso.

Se le cuestiona al administrador del Puerto de Santa Fe el “manejo arbitrario y discrecional en la selección de los contratantes” y cierto “informalismo” como la contratación de servicios “vía correo electrónico”.

Además, le endilga al presidente del Ente formar parte de manera indirecta de la firma Rumbo Portuario SRL, una empresa que prima facie “no reuniría los estándares mínimos de solvencia jurídica ni económica”, para la cual “habría adjudicado diversas obras” y cuyo gerente sería yerno del titular del Ente. Algo similar se daría con el “Caso Filipa”, donde según el fiscal Andrés también habría conexiones familiares con la titular de la empresa adjudicataria.

Un punto central de la investigación refiere a las “obras viales del puerto” para la construcción de calles interiores, donde figura un contrato de más de diez millones de pesos que fue cobrado parcialmente en dólares, pero las obras más importantes no se realizaron.

La matriz de la investigación fiscal está basada en dos informes de la Sindicatura General de la provincia, de junio de 2012 y 2013, en las que se señalan las presuntas irregularidades.

En su requerimiento, el fiscal encuadra las conductas supuestamente irregulares en los tipos penales de “peculado; negociaciones incompatibles con la función pública; abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes de funcionario público; falsedad de documento público; uso de un documento falso; defraudación por administración infiel agravada a la administración pública”.

A propósito del curso de la investigación, la causa ingresó el mes pasado en el Juzgado de Instrucción Cuarta, de Susana Luna, quien se excusó y remitió el escrito a su par de Instrucción Primera, Pegassano. Como éste tampoco aceptó de primera mano la competencia, el expediente viajó a la Cámara de Apelación Penal, que finalmente dejó en manos del juez de la Primera Nominación la tarea de investigar las acusaciones.

Entre tanto, la Fiscalía a cargo de Jorge Andrés pidió el reaseguro de medidas probatorias, que aún no fueron diligenciadas, y solicitó se cite a declarar a testigos e imputados.