22 años después del crimen

Condena leve en el caso Bulacio

El ex comisario Miguel Ángel Espósito fue condenado a tres años de prisión, pero en suspenso. Fue hallado culpable de privación ilegal de la libertad calificada.

DyN

El ex comisario Miguel Ángel Espósito fue condenado ayer a tres años de prisión en suspenso por la privación ilegal de la libertad calificada que sufrió Walter Bulacio en abril de 1991, cuando iba a un recital de Los Redonditos de Ricota, y tras lo cual murió en un hospital.

Espósito (65) no tendrá que ir a prisión, ni deberá lidiar con una apelación de la querella, porque ante esta sentencia los familiares de Bulacio quedaron inhabilitados para recurrir ante la Cámara de Casación Penal.

La Fiscalía había pedido dos años de cárcel, mientras la querella solicitó seis años, mínima y máxima del delito por el que Espósito llegó a juicio: “privación ilegal de libertad cometida por funcionario público, agravada por tratarse de una persona a la que se le debe respeto”.

El Tribunal Oral en lo Criminal 29 resolvió dictar una pena intermedia: la mitad de la pretendida por la querella y sin mandar al acusado a prisión.

El viernes 15 se darán a conocer los fundamentos. Espósito eligió no estar presente al momento del fallo. Ya había conseguido en el debate evitar la sala de audiencias aduciendo un problema de salud y seguía las audiencias desde un edificio del Consejo de la Magistratura por teleconferencia.

Pero el acusado le dijo ayer a los jueces que si podía elegir, no quería escuchar el veredicto y se limitó a decir sus últimas palabras, agradeciendo al tribunal el trato dispensado. Tras el fallo, la abogada querellante María del Carmen Verdú dijo que el agradecimiento de Espósito “lo ilustraba todo”.

Bulacio, de 17 años, fue detenido el 19 de abril de 1991 en el estadio de Obras Sanitarias junto con otros 73 jóvenes, en una “razzia” policial.

Memorando 40

El arresto se dio por el Memorando 40, mediante el que la policía podía detener a un menor sin intervención de la Justicia cuando no hubiera delito y luego entregarlo a los padres.

El adolescente apareció golpeado en la comisaría 35 y fue trasladado a un hospital, donde murió seis días después.

El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado argentino por denegación de justicia y lo obligó a reabrir la investigación.

Hace un mes y medio, Espósito comenzó a ser juzgado por privación ilegal de la libertad por los jueces Rodolfo Goerner, María Cristina Deluca Giacobini y Alejandro Litvacks.

Hoy, la audiencia comenzó casi una hora después de la convocatoria, por problemas de sonido de la teleconferencia.

Fueron tantas las vueltas que dieron los empleados del tribunal para solucionar el tema, que la abogada querellante se entusiasmó con la posibilidad de ver a Espósito cara a cara.

Pero las complicaciones fueron superadas minutos después, aunque los ruidos a “fritura” que soportaron los jueces cuando Espósito tomó el micrófono sólo se toleró porque el acusado habló poco.

Tras confirmar que un médico estuviera vigilando la salud del acusado, el presidente del TOC le ofreció el derecho de hacer alguna manifestación antes del veredicto. “Sí, lo deseo”, dijo. “Simplemente quería dar al tribunal mi más profundo agradecimiento por cómo he sido tratado, por cómo me han cuidado y nada más. Sólo quiero agradecer la atención que tuvo el tribunal con respecto a mi salud”, sostuvo.

Cuando Goerner le preguntó si iba a estar presente para conocer su sentencia, Espósito -traje gris y camisa celeste a cuadros- respondió: “Si puedo elegir, diría que no”.

Recital homenaje

A las 15.30, el TOC reanudó el debate para leer el veredicto, mientras una movilización esperaba afuera con carteles que pedían justicia, diciendo que a Walter “lo mató la policía”. La resolución fue casi un trámite, e inmediatamente después familiares de víctimas de gatillo fácil y organizaciones de izquierda fueron a Plaza de Mayo para un recital-homenaje.

“Walter va a estar siempre -dijo Tamara, su hermana-. Tengo una sensación rara de impotencia y bronca, pero al mismo tiempo después de tanto algo al menos se hizo”.

Condena al Estado

• Las demoras en esclarecer el caso llevaron a la familia de Walter Bulacio a buscar justicia en los tribunales internacionales, que terminaron condenado al Estado argentino y obligándolo a dar una respuesta. Patrocinada por la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), la familia entabló en 1997 una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

La intervención de ese tribunal provocó que el Estado reconociera su responsabilidad ante la Comisión Interamericana de DD.HH. y aceptara que había violado los derechos humanos del joven, pagando una fuerte indemnización a la familia del joven.

El 18 de septiembre de 2003, la Corte integrada por los jueces Antonio Trindade, Sergio García Ramírez, Hernán Salgado Pesantes, Oliver Jackman, Alirio Abreu Burelli y el argentino Ricardo Gil Lavedra ordenó sanción para los responsables.

También se dispuso que el Estado adecuara su legislación interna a los estándares internacionales para evitar que se reproduzcan las prácticas abusivas de las fuerzas de seguridad.

Fue el primer caso en que la Cidh debió analizar los violentos patrones de actuación de las policías argentinas, como las razzias, las torturas y las muertes en comisarías, así como la complicidad de la Justicia en casos de brutalidad policial y violación de derechos del niño. El tribunal internacional intimó a la Corte Suprema argentina a pronunciarse en el tema y en diciembre de 2004, la Corte local dispuso la imprescriptibilidad de la causa, ordenó su reapertura al entender que se trató de un delito de lesa humanidad y ordenó investigar a los jueces que declararon prescripto el expediente.