editorial

Un compromiso sin vuelta en la Justicia

Los avances en la reforma del proceso penal en la provincia no permiten que se pueda volver atrás, pero los inconvenientes son múltiples.

Con el acto formal de esta mañana, en el curso del cual se presentó el decreto que establece el 10 de febrero de 2014 como fecha de inicio de la plena aplicación del nuevo sistema penal, el gobernador de la provincia buscó dar una señal clara en orden a la concreción efectiva de la ansiada e imprescindible reforma, y al hecho de que las demoras y dificultades registradas no habilitan posibilidad alguna de retroceso.

La movida del mandatario generó zozobra e inquietudes en distintos estamentos vinculados con el Poder Judicial, y se inscribe en el escenario de las tensiones y desconfianzas que todavía imperan en este tema.

Efectivamente, lo que aún está inconcluso en materia de infraestructura y las designaciones pendientes, dieron pie a permanentes discusiones sobre la pertinencia y condiciones para la vigencia definitiva y total del nuevo Código. Particularmente, si no se debía contar con todos los recursos y elementos necesarios antes de hacerlo o si, por el contrario, el inicio debía fijarse de una vez por todas con lo que se pudiera. El gobierno argumenta que la “carga cero” inicial del arranque del sistema -todos los hechos previos seguirán tramitándose con el procedimiento escrito- permitirá gestionarlo sin inconvenientes, aún con carencias. Desde el Poder Judicial se acota que esa situación durará muy escaso tiempo, dado que la acumulación de causas se hará sentir de manera casi inmediata.

En este marco, las reservas manifestadas -en público y en privado- tienden a ser identificadas con falta de predisposición o voluntad de parte de los implicados; argumento que -se apunta- también podría ser utilizado para establecer de antemano las responsabilidades por eventuales problemas de funcionamiento.

Lo cierto es que estos tironeos están presentes desde el punto mismo de inicio de las discusiones sobre la reformulación del proceso penal, y es de esperar que se prolonguen cuanto menos en las primeras etapas de su vigencia efectiva.

Los cambios de roles y prácticas tendrán un impacto indudable, y tanto las personas como las herramientas deberán estar a la altura de las circunstancias. Eso se aplica tanto a los fiscales, cuyas atribuciones -entre otras cosas- absorben las de los actuales jueces de instrucción; defensores que deberán estar abiertos a las soluciones alternativas; jueces que ya no tendrán a su cargo la tarea administrativa, pero sí la responsabilidad de resolver rápidamente y a la vista; víctimas que podrán actuar como querellantes; investigadores policiales que responderán a los nuevos órganos y cuyas prácticas, apropiadamente sustentadas con tecnología acorde, estarán sujetas a estándares científicos y profesionales que hoy escasean.

Ya se ha dicho que el 10 de febrero es, más que un colofón, un punto de partida. Valga apuntar en esta oportunidad que el jalón establecido hoy resalta, ante toda una sociedad que ansía respuestas en favor de la justicia y contra la impunidad, un compromiso que todos los actores deben abrazar de manera consecuente, y sin margen para excusas o desvíos de responsabilidad.

Los cambios de roles y prácticas tendrán un impacto indudable, y tanto las personas como las herramientas deberán estar a la altura de las circunstancias.