Narcotráfico y violencia
El gobierno nacional admite que las fronteras son “permeables”
- Puricelli reconoció el crecimiento del narcotráfico en el país. Alak y Rossi contra la ley de derribo. Berni cuestionó también a los jueces.
Presuntos narcotraficantes tomaron ayer un comedor comunitario, en el barrio bonaerense de Chacarita.
Foto: DyN
De la redacción de El Litoral
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DyN
El ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, afirmó hoy que la Argentina tiene una frontera “permeable” debido a su extensión, cuando se debate sobre el incremento de la actividad del narcotráfico en el país.
Puricelli y su par de Justicia, Julio Alak, brindaron este mediodía una conferencia de prensa, tras participar de la “Reunión Binacional de Ministros y de Gobernadores de la Frontera Común”.
En ese marco, Alak advirtió que “no hay una solución mágica” en la lucha contra el narcotráfico, días después de reclamos en ese sentido por parte de la Corte Suprema de Justicia y de la Iglesia Católica. Además, se mostró en desacuerdo con una eventual ley de derribo de aviones vinculados al trasiego de sustancias ilícitas.
Puricelli admitió que “el crecimiento” del narcotráfico “es muy grande en el país”, a la vez que volvió a reconocer que “no alcanza” el accionar del gobierno para combatirlo y que la administración central debe “redoblar los esfuerzos” en ese sentido.
No obstante, advirtió que el gobierno “tiene políticas activas” contra las bandas que venden estupefacientes y alertó que seguirá “trabajando” para que los narcotraficantes “no ganen la batalla”.
Radares
Además, volvió a defender la política de radarización de las fronteras del país, al sostener que “es la más exitosa de los últimos 40 años” porque “Argentina compró” el último aparato para esa función en 1974.
“Sí es cierto y nadie puede minimizar el crecimiento de la presión en la actividad de los narcotraficantes es muy grande en nuestra región y en nuestro país en particular”, admitió Puricelli.
El martes, la Corte Suprema reclamó a la administración central acciones “urgentes” contra el narcotráfico tras el alerta de la Iglesia Católica sobre “el drama de la droga” y después magistrados del norte del país denunciaron “falta de infraestructura de la Justicia” para afrontar el aumento de casos.
El dato
Derribo
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, se expresó hoy en contra de la implementación de una eventual ley de derribo como medida para combatir el narcotráfico, porque “significaría pena de muerte sin juicio previo”. De esta manera, Rossi rechazó las iniciativas que en los últimos días plantearon algunos dirigentes políticos, como Sergio Massa o José Manuel de la Sota, a favor de una norma que permita derribar aviones en la frontera que violen el espacio aéreo para traficar droga. “La ley de derribo ha generado bastantes críticas en los países que se aplica. En Perú, por un error dispararon sobre una avioneta que trasladaba turistas norteamericanos, que murieron”, ejemplificó.
Los miedos de los jueces
El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, aseguró hoy haber invitado a varios jueces “a trabajar a la frontera” para interiorizarse de las acciones en contra del narcotráfico, pero “muchos no quieren porque les dan miedo las víboras, las arañas o les molesta el calor”.
“Otros tienen tremendo pánico y terror porque cuando recorremos en helicóptero te tirotean del otro lado de la frontera”, indicó el funcionario nacional.
En declaraciones a las radios La Red y Del Plata, Berni señaló que “muchos hablan pero son pocos los que todos los días, además de la responsabilidad, ponemos el coraje y la valentía para estar en el lugar. Solamente estando en el lugar se puede comprender la situación y aportar las soluciones viables para agilizar el tema de la lucha contra el narcotráfico”.
Además
Lauría, juez
El Senado de la Nación avaló ayer el pliego de Luciano Lauría, con 49 votos a favor y 5 en contra, para desempeñarse como juez del Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
Su pliego fue rechazado por el Frente Amplio Progresista, que insistió con la impugnación que había presentado el presidente del bloque socialista, en esa Cámara, Rubún Giustiniani.
Lauría fue impugnado por Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe y otros organismos de Derechos Humanos locales. La mayoría kirchnerista en el Senado avaló su designación.
El FAP subrayó que el postulante -hoy funcionario de la Justicia federal santafesina- se había desligado de la posibilidad de enjuiciar al ex juez federal Víctor Brusa, condenado en 2009 a 21 años de prisión por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
