Reunión bicameral y denuncia de Carrió

Código Civil: otro “pacto espurio”

La reelecta diputada nacional por Unen, Elisa Carrió, impugnó hoy el debate de la comisión bicameral a cargo de proyecto de reforma del Código Civil y Comercial por considerar al cuerpo “inconstitucional”, y denunció un “pacto espurio” entre el gobierno y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

La legisladora argumentó que la comisión, que preveía reunirse hoy, “viola el proceso de la formación y sanción de las leyes”, ya que un cuerpo de ese tipo puede ser creado para “controlar” pero “no” para originar una norma, y consideró que el Ejecutivo promueve la iniciativa para “limitar la responsabilidad de los funcionarios públicos”. Además, denunció que Lorenzetti, quien fue parte de la elaboración de un anteproyecto al respecto con el que trabajó el oficialismo, tiene “un contrato” firmado con una “editorial de Santa Fe para publicar comentado” el futuro Código Civil y obtener “millones y millones de pesos”.

“Esto es inconstitucional y forma parte de un pacto corporativo. Yo nunca vi una República donde los que hacen la ley son los jueces, los que la revisan son del Poder Ejecutivo y los que la votan a libro cerrado son los congresales; es un pacto espurio”, denunció Carrió en diálogo con Radio Mitre.

La diputada completó: “Fueron los autores del proyecto (originario) Lorenzetti y (su colega Elena) Highton de Nolasco, y lo reformó contra todo tipo de procedimiento (el secretario legal y técnico, Carlos) Zannini”.

“Acá hay un pacto para limitar la responsabilidad de los funcionarios y quitarle responsabilidad al Estado al licuar el Código Civil y el Código Comercial”, amplió su denuncia Carrió.

El oficialismo procura que el futuro Código sea sancionado antes de fin de año, postura resistida por parte de la oposición. Dos de los temas que generan mayor controversia son la responsabilidad que debería asumir el Estado ante un hecho que cause daños a un tercero y otro es la preeminencia que se pretende dar a los derechos colectivos por sobre los individuales.

En 2011, la presidenta Cristina Fernández había convocado a un grupo de cien juristas, encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que elaboró el anteproyecto de ley.