El atentado de 1994 a la Amia
El fiscal Nisman pide que se declare inconstitucional el acuerdo con Irán
- Para el fiscal de la causa Amia, el acuerdo firmado en Etiopía con Irán “avasalla por la Constitución”.
De la redacción de El Litoral
DyN
El fiscal de la causa Amia, Alberto Nisman, pidió hoy que se declare “inconstitucional” el memorando firmado por los gobiernos de la Argentina y de Irán que habla de “colaborar” en el esclarecimiento del atentado terrorista a la mutual judía, que en 1994 causó 85 muertos.
El convenio fue firmado hace diez meses. La presidenta Cristina Fernández y los funcionarios lo defienden y desde su inicio es rechazado por las entidades comunitarias judías Daia y Amia.
El funcionario del Ministerio Público presentó su dictamen al juez federal que lleva la causa, Rodolfo Canicoba Corral. El memorando Buenos Aires-Teherán, según el acusador, es “una afrenta y grave ofensa a la independencia de la Justicia” y “un avasallamiento y atropello a derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional”.
En ese sentido, Nisman recordó que los tratados que se firmen con gobiernos extranjeros deben respetar los “principios de derecho público de la Constitución Nacional, principios que son reiteradamente pisoteados por el memorando”.
“Intromisión”
El denominado oficialmente “Memorándum de entendimiento” fue firmado el 27 de enero último en Addis Abeba, Etiopía, por los ministros de Relaciones Exteriores Héctor Timerman y Ali Akbar Salehi.
La presidenta Fernández, vía Twitter, lo calificó de “un hecho histórico”; luego dio un mensaje por cadena nacional y defendió el pacto: “¿Con quién quieren que negociemos? Con el único país que podemos negociar para conseguir estas cosas es con Irán”. Luego, el acuerdo fue aprobado en tiempo récord en el Congreso, mientras el entonces presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, lo rubricó mediante un trámite virtualmente administrativo, sin pasar por el Parlamento.
El dictamen de Nisman, de 75 páginas, denunció la “indebida intromisión del Poder Ejecutivo en una esfera exclusiva de la función judicial”, y advirtió sobre el “serio riesgo” para el Estado argentino de “ser sancionado por organismos internacionales de derechos humanos”.
Fustigó “la vulneración del sistema republicano de gobierno, la división de poderes, la independencia judicial, la garantía del debido proceso, el principio del juez natural, el derecho de defensa en juicio, el principio de igualdad ante la ley, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso de las víctimas a la justicia”.
La llamada “Comisión de la verdad” creada por el acuerdo es, dijo el fiscal, “flagrantemente inconstitucional, por tratarse de un órgano político que arrebata temporariamente la causa a su juez natural”.
