Maratónica sesión

Responsabilidad del Estado y otras leyes en Diputados

De la redacción de El Litoral

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DyN

En una sesión maratónica, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó anoche una importante cantidad de proyectos, entre los que se incluyó el Digesto Jurídico Argentino, la penalización para las empresas que realicen tareas de exploración y explotación de hidrocarburos sin el permiso del Estado argentino en la zona ubicada alrededor de las Islas Malvinas, la moneda con la figura del Papa Francisco (ver aparte), y la Ley de Responsabilidad del Estado.

Respecto de esta última iniciativa, el oficialismo logró una votación ajustada. La propuesta recibió 129 votos afirmativos, 105 negativos y dos abstenciones, y recién será tratada en el Senado en el período ordinario de 2014.

Según se destaca entre sus fundamentos, la iniciativa “busca brindar mayor previsibilidad jurídica a las relaciones de las autoridades públicas con los particulares”. La propuesta generó fuerte controversia entre el oficialismo y la oposición, porque el kirchnerismo decidió sacar la Responsabilidad del Estado del proyecto de reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial para transformarla en una ley especial, bajo el argumento de que la normativa tiene que estar regulada por la legislación administrativa.

Entre los puntos más críticos del proyecto se establece que “la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”, y agrega que estos últimos serán responsables sólo cuando incurran en dolo y culpa, y que el plazo para demandarlos prescribirá a los tres años. El artículo 6º sostiene que el Estado “no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuyan o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada”.

El debate

En el debate de la propuesta, Diana Conti defendió el proyecto y aseguró que se está protegiendo al Estado por el interés general y el bien de todos, contra “la ambición depredadora de la industria del juicio o de la patria pleitera que tanto ha agraviado a la Argentina”.

En tanto, la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseveró que es una ley de “autoamnistía de los funcionarios del gobierno kirchnerista en retirada, y básicamente para un ministerio, el de Planificación Federal, que tuvo a cargo todas las concesiones” de los servicios públicos.

Por su parte, el presidente del bloque de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, afirmó que la iniciativa “no es un proyecto propio de defensores de derechos humanos”, ya que “consagra una desigualdad de derecho irritante al limitar exageradamente la responsabilidad del Estado, y compromete internacionalmente la responsabilidad del Estado argentino”. A su criterio, la ley “va a provocar un verdadero caos normativo”.

Graciela Camaño, del Frente Renovador, marcó su oposición a la propuesta, al calificarla de “latrocinio jurídico”, y consideró que el proyecto del oficialismo “intenta consagrar la impunidad de los funcionarios”. En el cierre del debate, el salteño Pablo Kosiner (FPV) aseguró que la norma “democratiza el acceso a la justicia”.

Otros temas

La Cámara Baja aprobó también la autorización para el ingreso de tropas extranjeras al país y la salida de efectivos argentinos fuera del territorio nacional para participar de ejercicios militares combinados, luego de que Argentina no pudiera ser parte del ejercicio militar Cruzex Flight 2013, en Brasil, por no contar con el aval parlamentario.

Por unanimidad, el cuerpo sancionó la reforma a la Ley de Atención y Prevención de la Diabetes, por la cual se establece la obligatoriedad de actualizar cada dos años la referida norma con el objeto de abarcar con la cobertura los avances científicos y tecnológicos.

Una de las iniciativas que despertó polémica fue un proyecto que asigna un subsidio de 30 millones de pesos a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán, destinado a las labores de investigación técnica y científica, que fue aprobado por el cuerpo y enviado al Senado.

También se aprobó la Ley de Trasplantado, que ya tenía la media sanción de la Cámara Alta, y que prevé la entrega de cobertura del 100% en medicamentos, tanto los que se usan directamente luego del trasplante como para tratar patologías relacionadas, entre otros beneficios.