editorial

• Lo peor y más herrumbrado de la ideología oficial cubana se ha filtrado en la conducción de la política interna de Venezuela.

El 13 de marzo de 1968, con la elocuencia histriónica que lo caracteriza, el primer ministro de Cuba, Fidel Castro, anunciaba la “ofensiva revolucionaria” para derrotar al capitalismo y abrir espacio al hombre nuevo. La primera acción consistió en la confiscación masiva de los pequeños establecimientos comerciales.

El ímpetu sovietizante llevó a la apropiación por parte del Estado de almacenes, carnicerías, bares, establecimientos de comida (incluidas las fritangas callejeras), lavanderías, barberías, reparadoras de calzado, talleres mecánicos, artesanías y carpinterías. Los pregoneros que vendían maní en las calles fueron prohibidos.

Cuarenta y cinco años después todo eso se derrumbó en un estrepitoso fracaso, del cual hoy nadie se hace cargo. Castro sigue con sus filípicas seniles e insustanciales publicadas en Granma. En tanto su hermano Raúl, actual número uno, descubrió que puede ser bueno permitirle a los zapateros remendones ejercer su oficio cobrando su trabajo, y que quien cocine pueda vender esa comida a terceros. También que para orinar en los baños públicos deba pagarse un óbolo.

Tanta elementalidad en la concepción de una sociedad parece no tener lugar al comienzo del siglo XXI. Pero no es así. Lo peor y más herrumbrado de la ideología oficial cubana se está filtrando en la conducción de la política interna de Venezuela.

En parte ayudada no sólo por el primitivismo animista de su presidente, Nicolás Maduro, quien cree ver imágenes del difunto Hugo Chávez en pajaritos que vuelan y en la roca de los túneles del subterráneo de Caracas, sino también por la facilidad con que la inteligencia cubana ha infiltrado los mandos militares del país.

Maduro es el presidente civil de un gobierno militar estructurado por Hugo Chávez, que sigue órdenes estratégicas dictadas por La Habana. Sus últimas decisiones fueron alentar los saqueos en las tiendas de electrodomésticos (“que no quede nada en los anaqueles”) con lo cual lo peor del entramado social venezolano salió al pillaje.

Eso formó parte de la decisión política de frenar la inflación por decreto, obligando “manu militari” a que los comercios de electrodomésticos realizaran rebajas de hasta 60 por ciento. Efectivamente los anaqueles quedaron vacíos, los comerciantes no saben si podrán reponer la mercadería, muchos creen que cerrarán sus locales y sus empleados quedarán sin trabajo. Maduro ya advirtió que si eso sucede el Estado absorberá a los desempleados.

Todo este curso de irracionalidad económica (similar al de los cubanos de 1968) se apoya en un relato de acuerdo al cual estas son medidas tendientes a acabar con la “burguesía usuraria”, a la que también se culpa por la grave carestía de productos esenciales.

Este tipo de decisiones grandilocuentes está reflejando el temor del gobierno (y de los cubanos) ante los posibles resultados de las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre. Si el oficialismo las pierde, puede abrirse la caja de Pandora y de ella brotar una gorra militar. Esa gorra no forzosamente tendría características “nacionales”, sino que también podría ser pro cubana. Si esto sucede, será curioso ver cuál es la reacción que tienen los líderes agrupados en la Unasur. O si el Mercosur excluye al país caribeño.

La intervención del Estado llevó hasta un límite inmanejable las variables económicas de Venezuela.