Presentación
Rechazo de judiciales al proyecto de reforma de Justicia de Menores
- El sindicato realizó observaciones a los cambios propuestos y advierte que la iniciativa significaría un “importante retroceso”, al violarse el “Principio de Especialidad”.
El gremio que reúne a los trabajadores de la Justicia santafesina sostiene en un comunicado que luego de haber tomado estado público que el Poder Ejecutivo y el Legislativo impulsan sendos proyectos para transformar la actual “Justicia de Menores”, y habiendo tenido acceso al que ya tiene estado parlamentario (de autoría del diputado Eduardo Tonioli) y a lo expuesto por funcionarios del Poder Ejecutivo, “advertimos con gran preocupación que si bien el primero es perfectible, el segundo constituiría un importante retroceso en la provincia de Santa Fe”.
Considera que este efecto negativo se origina en “varias razones. Entre ellas cabe subrayar que la lógica general del mismo viola abiertamente el constitucional Principio de Especialidad, propio y especifico de esta materia, y por ende presente en toda la normativa internacional del Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes. La iniciativa se ubica, evidentemente, en un camino que conduce a la equiparación con el sistema de mayores. Entendemos que no se trata de agregarle al sistema mayores detalles para adecuarlo al de los jóvenes, sino de afianzar la línea de especificidad propuesta por la Convención Internacional de los Derechos del Niño”.
Señala luego que “la necesidad de un tratamiento diferente para los jóvenes radica justamente en su condición de persona en desarrollo. Por ello sólo una reforma que se centre en lo procesal penal, como se observa, y descuide el aspecto sustancial referido a la investigación interdisciplinaria y las consecuentes medidas de restitución de derechos (más conocidas como socioeducativas) reduce la cuestión a la garantía formal de derechos”.
Mirada diferenciada
Para el Sindicato de Trabajadores Judiciales “el análisis de otras experiencias provinciales e inclusive internacionales muestran resultados de mayor prisionización y aplicación de condenas, situación que ya viene siendo revisada en profundidad por distintos especialistas e, inclusive, es uno de los motivos del próximo XIX Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y la Familia (Foz de Iguazú, 2014). Esta mirada judicial y sociojurídica diferenciada también debe estar plasmada en los funcionarios que desempeñen la tarea, fiscales y defensores, y equipos profesionales indefectiblemente judiciales y especializados en la materia, ambos requisitos indispensables”.
Más adelante puntualiza que “entendemos que la entrada en vigencia del nuevo sistema penal de mayores provoca un desfasaje con el actual régimen de menores. Pero sabemos también que las decisiones apresuradas, sin consultas a los distintos actores expertos, a instituciones con importantes bagajes teórico-prácticos para aportar, y garantizar infraestructura ni recursos básicos producen consecuencias nefastas en el derecho al acceso a la Justicia”.
Finalmente el sindicato señala que “este gremio, comprometido desde siempre con la vigencia de los Derechos Humanos, hace público su firme rechazo a esta iniciativa que se inscribe en el camino de las iniciativas, cuyo trasfondo neoliberal no se confiesa pero cuyas consecuencias en este caso son fácilmente pronosticables: la utilización represiva del poder penal para ocultar los conflictos sociales expresados en esta materia”.
