editorial

• El primer balance indica que el sistema evitó que un 20 por ciento de los casos llegara a los tribunales.

La sociedad actual se caracteriza por la multiplicidad de conflictos y la exacerbada violencia, escena en la que los índices de criminalidad se han disparado por múltiples causas, entre ellas la presencia cada vez más preponderante del narcotráfico.

La creciente conflictividad social deriva en una mayor judicialización de conflictos, situación que provoca el congestionamiento de los juzgados -principalmente en los fueros penal, civil, comercial y de familia- con la consiguiente morosidad de los trámites.

La provincia de Santa Fe viene ensayando caminos para pacificar a la sociedad y hacerle frente a esta mayor judicialización. Por ejemplo, en el fuero penal las expectativas están puestas en el funcionamiento del nuevo sistema a partir del 10 de febrero próximo.

En cuanto a la temática civil y comercial se dictó a fines de 2010 la ley 13.151 sobre mediación obligatoria previa a todo proceso judicial, declarándose “de interés público provincial la utilización, promoción, difusión y desarrollo de métodos no adversariales y desjudicializados de resolución de conflictos”. El dictado de la norma -con fuerte respaldo político- significó una trabajosa etapa en la búsqueda de consensos, ya que no pocos actores del sistema judicial expresaron reparos y rechazos. La ley dejó fuera de la instancia de mediación a causas penales y de violencia familiar; casos donde el Estado sea parte; acciones de amparo, hábeas corpus, hábeas data; cautelares, sucesiones; concursos preventivos, quiebras y causas laborales, entre las principales.

A un año de sancionada la ley, la mediación entró en vigencia progresiva tanto en materia como en territorios. Debutó en el fuero civil y comercial en Santa Fe y Rosario y a los nueve meses se sumaron los juzgados de circuito de ambas cabeceras. El año pasado fue el turno de Venado Tuerto y se espera que este año sea el de Rafaela.

El sistema es organizado a partir de la Agencia de Gestión de Mediación que funciona en cada cabecera judicial donde ya se han inscripto para actuar más de 900 mediadores.

Sobre fines de 2013 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entregó un primer balance del funcionamiento que concluye que la mediación logró evitar que el 20 por ciento de los conflictos se judicializara, cifra que -asegura- será mucho más elevada en la medida en que se sume el fuero de familia. El último corte de la tarea en cifras, revela que se habían solicitado 10.778 mediaciones de las cuales se habían finalizado 7.358 con el 20 por ciento de acuerdos.

Reclamos de bancos, financieras, viajes de turismo, locación de servicios, prestadoras de salud, diferencias contractuales con concesionarias de autos, garantías, son los títulos principales que se plantean ante los mediadores. Actores del sistema admiten que sectores como el financiero o prestadores de salud tienen muy poco interés en resolver los reclamos en la instancia mediadora y la estrategia es llevar la resolución a más largo plazo a manos de un magistrado.

El camino elegido desde el Estado parece ser el apropiado, pero para que la aplicación tenga los resultados esperados será necesario un fuerte cambio cultural de todos los actores del sistema judicial. Todos deberán tener en cuenta que están en juego valores clave para el desarrollo y la vuelta a una sociedad más pacífica y por ende menos violenta.

Se necesita un mayor compromiso de los actores del sistema para utilizar la herramienta que apunta a pacificar a la sociedad.