En el marco del caso Nóos

Redacción de El Litoral

Agencias EFE/DPA

“Sala de vistas F”. El letrero cuelga junto a la puerta de madera marrón roble, en un pasillo del segundo piso de los juzgados de Via Alemanya, en Palma de Mallorca.

“Es la misma sala en la que Iñaki Urdangarin declaró la primera vez como imputado, el 25 de febrero de 2012”, explicaban hoy los servicios de prensa de Justicia. Una declaración en la que el duque desvinculó a su mujer de los negocios que llevó a cabo al frente del Instituto Nóos y por los que probablemente acabará siendo juzgado.

Por esos pasillos un tanto lúgubres con mobiliario de los años 70 se vio hoy al juez José Castro, periódico en mano y con el cansancio reflejado en la cara, atrayendo todas las miradas. Es el coprotagonista de la historia que se escribe mañana. “Un juez implacable al que no le tiembla el pulso”, según le define la prensa estos días.

A sus 68 años y próximo a la jubilación, ha sentado a la hija del rey ante la Justicia para que dé explicaciones en el caso de corrupción que protagoniza su marido y en el marco del cual el magistrado ve indicios de que la infanta pudo cometer fraude fiscal y blanqueado de dinero. Luego decidirá si procede acusarla formalmente o si se archiva todo sin ningún cargo contra ella.

“Esta mañana casi se lo comen. Se han lanzado a él cuando llegaba”. La queja es hacia la prensa. Las cámaras y las unidades móviles tomaron hoy las inmediaciones del juzgado. Y los periodistas deambulaban por la zona en busca de información y detalles, abordando a personal de los juzgados, a vecinos del barrio y a dueños y camareros de bares y cafeterías cercanas.

Hay 350 acreditados de más de 90 medios. Entre ellos, muchos internacionales, como la CNN, Al Yazira o una televisión iraní.

El “paseíllo”

La declaración por corrupción ante un juez de la hija pequeña del rey es un hito histórico. Y un reto a la seguridad.

El despliegue policial, superior al que acompañó a Urdangarin en sus dos declaraciones como imputado ante Castro, es de 200 efectivos para blindar la zona. A los antidisturbios de Mallorca se sumaron unidades de la Península. Las fuerzas de seguridad sellaron las alcantarillas tras revisar el subsuelo. Un helicóptero vigila desde el aire. El perímetro de seguridad será mañana grande, con varios cordones policiales.

Si bien oficialmente sólo se ha comunicado una concentración de centenares de personas en protesta de la corrupción y la monarquía, los manifestantes estarán a más de cien metros del lugar en el que la infanta pondrá pie en el suelo.

La seguridad también se extendió al domicilio del juez Castro y un helicóptero sobrevuela el tranquilo barrio de El Molinar, donde el magistrado tiene su casa en venta.

La infanta Cristina aterrizará mañana por la mañana en Mallorca, la isla en la que pasó los veranos de su infancia y su juventud, disfrutando de su afición a los deportes náuticos, un lugar al que regresaba cada año hasta hace poco. Desde el aeropuerto será escoltada por la Guardia Civil hasta el juzgado. En el patio, al final de la rampa que da acceso a él en la parte trasera la esperarán cámaras y flashes.

Tiene permiso de las autoridades judiciales para bajar esa cuesta en automóvil hasta la misma puerta. Pero se desconoce si, como hizo su marido, en el último momento decidirá bajar del vehículo y hacerla a pie. Un vía crucis mediático y social en toda regla. El “paseíllo”, como se conoce popularmente.

“Debería dar la cara”, decía Manel. “Lo que aquí se rumorea es que va a hacerlo”, señalaba un trabajador de los juzgados, donde hoy se apostaba sobre si finalmente se atrevería o no la infanta.

Decida lo que decida, subirá hasta la segunda planta y accederá a la “Sala de vistas F”, donde se prevé un largo interrogatorio que será grabado.

La infanta se sentará en el centro. A su izquierda, sus dos abogados. A la derecha, el fiscal Pedro Horrach -contrario a su imputación, por lo cual lo tiene de su lado- y los abogados de las acusaciones. Enfrente tendrá al juez Castro, cara a cara. Y el retrato de su padre.

La infanta marca una línea roja

Por Sara Barderas

La foto de la infanta Cristina entrando mañana sábado en el juzgado de Palma de Mallorca hará más daño a la monarquía española que todas las campañas republicanas juntas que ha habido durante los 38 años de reinado de Juan Carlos I.

La hija pequeña del monarca se sienta ante Castro como imputada ante las sospechas que tiene el magistrado de que ha podido cometer fraude fiscal y blanqueo de dinero.

Podrá convencerlo o no de que no sabía nada de los negocios presuntamente ilícitos que hacía su marido, Iñaki Urdangarin, al frente del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro a través de la que se embolsó, malversándolo, casi seis millones de euros de dinero público junto a su socio.

Pero la infanta no solo responde mañana ante el juez. Responde también ante la sociedad española, que con la crisis económica que azota el país ha desarrollado un nivel de intolerancia a la corrupción y los abusos que años atrás estaba más abajo.

Con la infanta Cristina se sienta ante el juez también la casa real, que se examina de honestidad ante la ciudadanía.

Una ciudadanía que en los últimos años ha dado la espalda a la institución monárquica, apuntalada en su día por el papel del rey Juan Carlos en la Transición española y, sobre todo, en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

La crisis de Botsuana -cuando una España en crisis se enteró por una rotura de cadera de que su rey se divertía en lujosas y cuestionables cacerías en África junto a una “amiga entrañable”- supuso un golpe muy duro para la imagen de la monarquía y del rey.

La Zarzuela trabajó duro para recomponerla y superar la desafección que mostraban las encuestas. Pero la imputación de la infanta, a tenor de lo que marcan los estudios de opinión, es un gran golpe en la esperanza de que los españoles apoyen de nuevo a la Corona en la forma en la que lo hacían. Y supone pues un escollo en el camino del príncipe Felipe hacia la jefatura de Estado.

La Casa del Rey se ha apartado todo lo que pudo de la infanta. En Palma no habrá con ella ningún representante. Solo estarán sus abogados.

Hacia fuera, la foto de la infanta entrando en el juzgado es un golpe a la imagen exterior de España.

Esta semana, la casa real citó a 40 corresponsales extranjeros, a los que sentó cara a cara con el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, en un ejercicio de transparencia en el que respondió preguntas sobre la monarquía y les recordó que la infanta no toma ya parte en los actos de la Corona.

Para ella las cosas no serán ya jamás lo que fueron. De hecho, hace tiempo que ya no lo son para ella en el seno de la familia real.

En cualquiera de los tres escenarios -el nacional, el internacional y el personal- su imputación marca un antes y un después. Una línea roja en los 38 años de reinado de Juan Carlos I.