editorial

• YPF es una empresa sujeta al derecho privado, gerenciada por una parte de la corporación política, más allá de su representatividad republicana.

De Pennsylvania a Vaca Muerta

Todo desarrollo necesita energía. La expropiación a Repsol de la mayoría accionaria de YPF Sociedad Anónima fue la decisión más significativa que tomó Cristina de Kirchner en su intento por procurar ese sustento; lo hizo -más allá de las apariencias- en íntima contradicción con el discurso oficial.

El mundo corporativo no desconoce que Repsol había analizado retirarse de la Argentina. Reducidas progresivamente las reservas hidrocarburíferas, sin ganancias en el país de las tarifas congeladas y con exportaciones estranguladas, su futuro como dueña de YPF dependía de inversiones para las que no tenía viabilidad financiera ni capacidad tecnológica en yacimientos no convencionales.

Pudo ser un retiro negociado o una demanda por parte de la Casa Rosada ante incumplimientos contractuales para renovar recursos. Los ensayos contrafácticos son tentadores; los hechos marcaron una expropiación inflamada de sobreactuaciones soberanas que ocultaron la urgente necesidad del gobierno y su concesión llana -práctica- al interés corporativo.

Más allá de las distracciones, están las empresas multinacionales que sí tienen la tecnología y la capacidad financiera. Colmadas las necesidades en Pennsylvania (EE.UU.) y ante el fracaso de los yacimientos no convencionales en Polonia -no son viables económicamente- las grandes petroleras están dispuestas a buscar nuevos destinos para ociosas capacidades; Vaca Muerta está en la lista.

Eso explica decisiones realistas, en flagrante contradicción al relato. Aumentaron los combustibles en el mercado argentino y se liberó la disponibilidad de divisas para los inversores petroleros. La “soberanía hidrocarburífera” le otorgó de hecho a la Casa Rosada plenos poderes sobre recursos que son propiedad de las provincias “petroleras”; el resto del país no tiene voz ni voto, como tampoco el Congreso o los organismos de control.

YPF es una empresa sujeta al derecho privado, gerenciada por una parte de la corporación política más allá de su representatividad republicana. El Tribunal de Tasación de la Nación nunca valuó sus activos; Axel Kicillof prometió que la expropiación no costaría un peso y que en todo caso se compensarían los daños ambientales, lo que tampoco sucedió.

Repsol cobrará al menos U$S 5 mil millones y hasta podrá duplicar su ingreso con los intereses, si se queda con los bonos hasta su vencimiento. Los ibéricos contabilizaron sin embargo una pérdida de U$S 1.750 millones por las acciones que se le expropiaron.

Miguel Galuccio no es un kirchnerista de cuna; nació en Entre Ríos pero viene del mundo corporativo del petróleo. Si el relato no le arrebata la escena, el ensayo a contrato secreto con Chevron o el precontrato con Petronas se multiplicarán y fluirá el imprescindible petróleo, el gas necesario. Será menos caro que el metano que viene de Indonesia o menos inestable que el fuel oil venezolano. Y sobre todo, le dará al gobernante de turno la posibilidad de sacarle réditos a la soberanía energética, bronceando nombres de ocasión aunque se oculten los verdaderos costos del poder que mueve al mundo.

YPF es una empresa sujeta al derecho privado, gerenciada por una parte de la corporación política más allá de su representatividad republicana.