Un recital y algunas reflexiones

Néstor Vittori

Cuando se realizan recitales musicales como el que días atrás tuvo lugar en la Costanera, sin duda se movilizan contrapuestos intereses urbanos y culturales. De un lado, estarán los que gozan de esos espectáculos y sus encuentros colaterales -quienes prodigarán elogios-, y, del otro, los que sufren los excesos de este tipo de reuniones y todos sus problemas conexos, entre ellos, las restricciones a la circulación vehicular y la continuada exposición a la saturación de sonidos y vibraciones, así como a desbordes de distinto tipo que pueden ponerle los nervios de punta al más pintado.

Así, la satisfacción de unos se produce a expensas de los padecimientos de otros, motivo por el cual, quienes representan intereses generales -en primer lugar, las autoridades municipales- tienen el deber de contemplar el lugar de los damnificados; esto es, de los vecinos a los que se les impone un sufrimiento respecto del cual no tienen modo de prevenirse o evitar, salvo ausentándose de sus domicilios.

En este punto, y como respuesta a las generalizadas quejas de los afectados, debe analizarse la legitimidad de una imposición que se convalida en lo masivo, sin importar todo un vecindario y los más elementales derechos humanos individuales, tutelados por el plexo normativo y las reglas básicas de la convivencia civilizada.

La enojosa situación, que tuvo reflejo en las páginas de El Litoral, obliga a los funcionarios públicos a buscar hacia el futuro respuestas para los equilibrios que de modo explícito e implícito la sociedad reclama.

Aquella antigua máxima del rabino Hillel, cuando se le pidiera una respuesta sintética a la estructura normativa de la prédica religiosa conocida como la regla de oro -“No le hagas al otro lo que no quisieras que te hagan a ti”- ha sido vulnerada en esta ocasión. Y lo reprochable es que el municipio, que debería haber velado por el interés general, se haya dejado llevar por evaluaciones políticas en las que un sector es innecesariamente sacrificado para congraciarse con otro que se supone más numeroso.

Si de números se trata, habría que recordar el principio republicano de respeto a las minorías, demanda reiterada en el plano nacional por quienes integran la oposición. El Estado de derecho fue tomando forma como consecuencia de los excesos de los que gobiernan en perjuicio de las minorías. Resulta curioso que un gobierno municipal de cuño radical, archive en su práctica de gobierno estas cuestiones, que integran su ADN republicano.

Un párrafo aparte merecen las conductas públicas de los protagonistas de estos eventos populares, que no solamente son espectadores entusiastas de propuestas musicales de su gusto, sino que traslucen conductas excesivas, alteradas por el consumo de alcohol y drogas que potencian la transgresión. Y a la hora del desbande, la sufren los vecinos.

Vómitos, orines, defecaciones, agresividad, mendicidad, tumulto y otras miasmas sociales, componen un irresuelto sistema de compensación y defensa. Ocurre día tras día, durante los recitales y luego de ellos. Y en esa enorme trastienda, el municipio, como órgano de servicios brilla por su ausencia, y la contención policial no existe.

Los vecinos tienen derecho a la protesta. Estas kermeses de los sentidos son incompatibles con la vida de un barrio residencial. Hacia adelante, hay que buscar un lugar adecuado para que unos puedan disfrutar de la tranquilidad de sus casas y de fines de semana reparadores; y los más jóvenes puedan gozar de sus preferencias musicales y del clima de fiesta de los recitales en un espacio que ponga a salvo ambas opciones.

El intendente y sus secretarios tienen la obligación de conciliar los distintos intereses de la sociedad que gobiernan.

Los vecinos tienen derecho a la protesta. Estas kermeses de los sentidos son incompatibles con la vida de un barrio residencial.