Pulseada entre el Ejecutivo y el justicialismo
Discrepancias por las rendiciones del Fondo de Financiamiento Educativo
- Intendentes y legisladores de la oposición reclaman la derogación de un decreto. Tras la reunión en Casa de Gobierno esperan definiciones.
Mario Cáffaro
El Foro de intendentes y presidentes comunales del PJ y diputados provinciales del sector impulsan la derogación del decreto 161 del corriente año que reglamenta la rendición de los recursos coparticipables obtenidos por el llamado Fondo de Financiamiento Educativo. Además de reclamar la automaticidad de los giros de esa partida que envía la Nación, la oposición reclamó constituir una mesa multipartidaria para analizar un nuevo decreto o bien el dictado de una ley regulatoria del uso de los recursos que deben pasar a los gobiernos locales.
Desde la Casa Gris se deslizan diferencias con criterios “demasiados amplios” que se pretenden imponer desde el justicialismo para las rendiciones de cuentas donde incluirían la posibilidad de financiar cursos de capacitación o bien clases de danzas, etc.
La discusión -por ahora encauzada en negociaciones abiertas entre las partes- parece reflejar lo ya ocurrido con la Ley de Obras Menores donde la oposición cuestiona la demora en la remisión de recursos y el gobierno afirma que faltan rendiciones de cuentas. De todas maneras, el recurso tiene una especificidad más parecida a los alcances del llamado fondo sojero que también remite el gobierno nacional.
El Poder Ejecutivo giró todas las partidas del 2013 -en diciembre fueron poco más de 16 millones de pesos- y adeuda enero y febrero. La Nación ya envió los recursos y por eso el reclamo del PJ de derogar el decreto 161 dictado con fecha del 3 de febrero que establece que la inversión de esos fondos “deberá ajustarse al destino y procedimiento que se indican” y deja la supervisión en manos de una comisión especial integrada por funcionarios de los ministerios de Educación, Economía y Gobierno y Reforma del Estado.
Desde la Casa de Gobierno se deja en claro que la afectación es automática, pero que la Nación después audita la aplicación del dinero al sistema educativo.
Mesa amplia
La semana pasada, Horacio Ghirardi, secretario de Regiones, Municipios y Comunas, recibió a los diputados Erika Gonnet, Darío Mascioli, Ricardo Olivera y Mario Lacava quienes acompañaron a los intendentes Ezequiel Bolatti (Sunchales), Stella Clérici (Cañada de Gómez) y a los presidentes comunales Carlos Kaufman (Santa Rosa de Calchines) y Adrián Scozzina (San Martín Norte).
Al funcionario le plantearon la suspensión del decreto, la automaticidad y la discusión de una ley sobre la materia. Mascioli entiende que “los alcances del decreto 161 escapan a los requerimientos de la ley nacional que regula los destinos del fondo”. Aseguró que “diariamente los municipios y comunas atienden y resuelven problemáticas educativas de toda índole, sin obligación legal de hacerlo, ya que la materia depende del Estado provincial”.
El diálogo quedó abierto con el compromiso de sentar a la mesa a los representantes de intendentes y comunas del Frente Progresista.
Antes del encuentro, el Foro de Intendentes Justicialistas había realizado una presentación administrativa aduciendo que primero les giraron el dinero y después le especificaron como rendirlo.
“Nuestro deber y objetivo es garantizar el cumplimiento de la finalidad que le asigna la ley nacional al Fondo de Financiamiento Educativo, que es sostener la educación”, remarcó Ghirardi quien también destacó “la importancia de respetar la asignación de recursos con destino al Fondo de Asistencia Educativa (FAE)”. A su lado, el funcionario sentó al secretario de Planificación y Política Económica del Ministerio de Economía, Pablo Olivares; el subsecretario de Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, Lisandro Castagno; y la subsecretaria de Administración del Ministerio de Educación, Carolina Piedrabuena.
Lacava, por su parte, advirtió que “la educación en municipios y comunas se ve afectada por no recibir los fondos del Estado” y lamentó que los fondos no hayan llegado en enero y febrero, meses previos al inicio de clases donde se exigen mayores inversiones para tener escuelas adecuadas para recibir a los alumnos.
