editorial

• El espectacular despliegue de fuerzas nacionales en Rosario provocó un fuerte impacto y desató conjeturas de distinto tenor.

Ofensiva contra el narcotráfico

El espectacular megaoperativo desplegado en Rosario en el marco del combate contra el narcotráfico generó un inmediato revuelo a nivel nacional, y mereció diversas evaluaciones e interpretaciones.

La doble adjetivación se justifica por el alcance y las características de la incursión, medidos en cifras de inevitable impacto: cerca de 90 allanamientos, 3 mil efectivos de distintas fuerzas, seis helicópteros volando en simultáneo y a baja altura por sobre los techos de la ciudad del sur, acompañados por drones (aeronaves no tripuladas) y vehículos terrestres blindados. La repercusión del episodio, supuestamente planificado durante meses, se vio potenciada por el secretismo con que se manejó.

En términos de detenciones y secuestros, los resultados no estuvieron a la altura y fueron más bien módicos. Pero, en palabras del secretario de Seguridad de la Nación, se trata de “ocupar el territorio” y “esto recién empieza”. Tanto es así que dos mil gendarmes y prefectos permanecen en Rosario y comenzaron a hacerse cargo de la seguridad, en reemplazo de la Policía provincial, en una veintena de los barrios más conflictivos. De todos modos, la tarea -consistente en rastrillajes, operativos y denuncias a la Justicia- será desarrollada de manera conjunta y coordinada entre las fuerzas de ambas jurisdicciones, mientras se llevan a cabo acciones de entrenamiento y capacitación, tendientes al paulatino repliegue nacional.

La movida despertó una gran expectativa y tuvo una entusiasta recepción por parte del gobierno santafesino, cuyos representantes no escatimaron expresiones de apoyo y agradecimiento, en el contexto de un clima sustantivamente diferente al sostenido por el discurso de confrontación que el kirchnerismo esgrimió hasta hace poco tiempo.

Las lecturas, entonces, son de diverso tenor, e incluyen hipótesis de cuño negativo: que se trata de una mera puesta en escena, que una filtración impidió que se obtuvieran mejores resultados, que se trata de un avance sobre las autoridades locales -o incluso de una suerte de emplazamiento-, que coloca al gobierno santafesino en una posición de cuasi sometimiento.

Son elucubraciones con mayor o menor nivel de sustento o intencionalidad, pero que por el momento deben quedar en segundo plano, frente a la inconstrastabilidad de los hechos: la Nación dio una respuesta concreta y -sobre todo- claramente visible al generalizado y persistente reclamo de intervención, frente a la dimensión cobrada por una problemática que excede tanto las incumbencias como las posibilidades de la administración provincial.

Esta circunstancia, aun aderezada por las prevenciones del caso y la sorda puja subsistente en diversos niveles -por ejemplo, en el de los cuestionamientos a la Policía provincial o a los funcionarios judiciales intervinientes-, configura un cambio de enfoque fundamental. Desde el gobierno central ya no se postula, como en el caso de la seguridad en general, que se trata de un problema de los gobernadores, sino que se aborda la amenaza narco conforme a su verdadera naturaleza, y se actúa en consecuencia.

Hay mucho por hacer, se perdió demasiado tiempo en confrontaciones mezquinas y estériles, y no conviene desactivar la suspicacia. Pero es un buen comienzo.

Se trata de una acción concreta, frente a la naturaleza y dimensión de un flagelo que excede tanto las incumbencias como las posibilidades de la administración provincial.