editorial

  • La Mesa de Unidad Democrática inició un proceso de diálogo con los dirigentes chavistas, luego que el Papa Francisco alentara a poner fin al creciente clima de violencia. La oposición pide el cumplimiento efectivo de las garantías civiles aprobadas por la Constitución.

El diálogo de Maduro con sus opositores

En un país partido por la mitad como Venezuela, todo llamado a la reconciliación de los ciudadanos merece apoyarse más allá del juicio que merezca el gobierno o de las sospechas abiertas acerca de sus intenciones reales. Así parecen haberlo entendido los dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), quienes luego de un intenso debate interno decidieron asistir a la convocatoria hecha por el presidente Maduro. Los mensajes del Papa Francisco alentando este paso político contribuyeron sin duda a hacer viable y legitimar una iniciativa novedosa en un país donde el rasgo distintivo en los últimos años fue la confrontación.

Dicho esto, importa advertir que el camino hacia la paz no va ser fácil de transitar. Han sido muchos años de crispaciones y antagonismos presentados como irreductibles como para que las diferencias se resuelvan de la noche a la mañana. Por otra parte, a nadie se le escapa que el presidente Maduro ha debido dar este paso acorralado por las movilizaciones de masas en su contra y el creciente clima de violencia, como lo prueban la cantidad de muertes ocurridas en los últimos meses.

En su momento, dirigentes de la MUD pusieron en duda la sinceridad del presidente y la legitimidad de la convocatoria. Incluso, algunos dirigentes criticaron con dureza a quienes consintieron participar en estas reuniones. Como era de esperar, las críticas más duras salieron del movimiento estudiantil y de los sectores allegados a los presos políticos. Así y todo, las conversaciones se iniciaron, pero ellas no impidieron las movilizaciones callejeras, particularmente las protagonizadas por los estudiantes.

El mandato de los dirigentes del MUD para sentarse a conversar con el gobierno chavista es sencillo y expeditivo: libertad a los presos políticos, cumplimiento efectivo de las garantías civiles aprobadas por la Constitución y medidas concretas para resolver el tema de la inseguridad y la violencia callejera, disolviendo en primer lugar a los grupos parapoliciales y paramilitares.

¿Aprobará el gobierno de Maduro estos reclamos? ¿Estará dispuesta la oposición a conformarse con ellos? ¿Dónde se establecerá el punto medio de la negociación si es que ese punto existe realmente? Ninguno de estos interrogantes hoy tienen una respuesta satisfactoria. Los observadores más ecuánimes admiten que en su estrategia confrontativa, el gobierno ha dado pasos que no admiten retorno. Es posible. Por otra parte, queda por saber hasta dónde las diferencias internas entre el sector militar y el político y entre militares de diferentes tendencias se agudizan o no.

Hay que decir al respecto que hoy Venezuela posee más los rasgos de un régimen militar con participación civil que a la inversa. Como para completar el panorama hay que decir que a la creciente militarización de las funciones públicas se suma la abierta injerencia de Cuba en las estructuras estatales, injerencia que provoca el rechazo de oficiales educados en las tradiciones más rancias del anticomunismo, o identificados con consignas nacionalistas que rechazan esta suerte de “colonización” impuesta por Cuba a cambio de petróleo abundante y barato.

Para completar el panorama hay que decir que a la creciente militarización de las funciones públicas se suma la abierta injerencia de Cuba.