En dependencias de la URI

Detenidos en comisarías superan 100% la capacidad de alojamiento

Autoridades de diferentes organismos del Estado coincidieron en que la situación es crítica y debe ser modificada en el mediano plazo. Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que se crearon mil plazas en el Servicio Penitenciario en los últimos 15 años.

Juliano Salierno

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La jueza de la Cámara Penal de Santa Fe, Martha Feijoó, presidió hoy una audiencia oral y pública que trató sobre la procedencia de un habeas corpus colectivo presentado en enero por el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, que da cuenta de serias vulneraciones de derechos de los detenidos en comisarías de la capital.

No fue una audiencia más en la agenda diaria de Tribunales, ya que la jueza Feijoó invitó para la ocasión a distintos actores de la Justicia y la política, entre ellos el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Matías Drivet; el delegado local de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Sebastián Cáceres; el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Julio De Olazábal; y el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre.

Previo a dichas intervenciones, el defensor regional para Santa Fe, Sebastián Amadeo, brindó una pormenorizada y minuciosa descripción de la situación que desde el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) se denuncia, la que sostuvo con sólidos argumentos citando como base no sólo la Constitución Nacional, sino los pactos y tratados internacionales a los que ésta adhiere.

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En concreto, Ganón y Amadeo presentaron en enero un recurso de habeas corpus colectivo y correctivo en favor de los alojados en comisarías en el departamento La Capital, en el que denunciaban que de las 93 plazas existentes había en esa fecha 201 personas privadas de su libertad. A esto sumaron como “hechos nuevos” la “pésima alimentación” y “precaria atención de salud” de los detenidos.

Como el nuevo sistema penal no estaba aún vigente, el encargado de resolver fue el juez de Instrucción Diego De la Torre, que el 23 de enero rechazó el recurso. Esto a pedido del fiscal Nº 7, Jorge Andrés, que entendió que el informe del SPPDP debía acumularse como prueba a un expediente iniciado en octubre del año pasado, en el que el juez Sergio Carraro ya había advertido la crisis de alojamiento, haciendo lugar a un habeas corpus instado entonces por la delegación local de la Procuración Penitenciaria de la Nación y los defensores generales Nº 4, 5 y 6 del viejo sistema penal.

En ese entonces, el juez Carraro había detectado 203 detenidos sobre la misma cantidad de plazas (93) y había ordenado diligencias con notificación a las autoridades provinciales, para que se active un plan de acción en pos de mejorar las condiciones de alojamiento.

Estado garante

Sin embargo, “no se ha verificado un plan de acción” por parte del Estado, aseguró el defensor Amadeo, quien advirtió sobre las responsabilidades que acarrea la “posición de garante del Estado”. Amadeo denunció no sólo las vulneraciones de derechos de los internos, sino que se refirió además al deficiente estado de los lugares de encierro. Dijo que “de más de cien comisarías visitadas, de 400 internos el 50% está procesado”, por lo que llamó a que “la prisión preventiva no se convierta en la regla”.

“No hay dudas de que existe hacinamiento. Las pésimas condiciones edilicias también están comprobadas. La mala alimentación surge de las entrevistas realizadas y lo mismo puede predicarse ante la deficiente atención médica”, sintetizó y agregó: “El Estado tiene una posición de garante que está incumpliendo”.

El defensor regional propuso una serie de medidas tendientes a descomprimir y mejorar las condiciones de vida de los internos -puntualmente realizar traslados y fijar cupos- y pidió la intervención fiscal para que se investigue si con estas omisiones se cometió delito.

Nuevo rechazo

Tras casi una hora de exposición del Dr. Amadeo, sobrevino la respuesta de la fiscal de Cámaras, Liliana Lauxmann, que brevemente adhirió a los argumentos de la defensa, a los que definió como “válidos, atendibles y justos”. “Sin embargo -dijo-, los hechos puestos en conocimiento guardaban relación con la causa anterior en la que sí se le hizo lugar a la acción instaurada”, y por lo tanto “forma parte del expediente original”, completó, reiterando el rechazo manifestado anteriormente por su inferior, el fiscal Andrés.

Una vez finalizado el planteo de las partes, la jueza pidió a los invitados las referencias de contexto que hacen al mejor entendimiento del tema para una resolución justa que se dará a conocer la semana próxima.

Si bien todos los invitados tuvieron la posibilidad de expresarse ante el tribunal, las miradas estaban puestas en el secretario de Seguridad Matías Drivet, que representa al órgano que en última instancia debe dar las respuestas en nombre del Ejecutivo.

Mil plazas más

El funcionario, que ya había tenido un encuentro similar en Rosario el miércoles pasado, reconoció el deber del Estado de “custodiar las personas que son detenidas”, pero que esto forma parte de “un sistema” que no puede cambiarse de un día para el otro.

Sobre la situación puntual de Santa Fe, explicó que “a la fecha hay 185 personas detenidas en la URI, de las cuales 41 son federales”, reconociendo tácitamente que se encuentran desbordados en un 100%, ya que hay plaza sólo para 93.

Pero destacó los trabajos que vienen haciendo desde el Servicio Penitenciario, que en 2003 tenía un excedente de internos que superaba en 400 la capacidad del penal más grande que tiene la provincia, que es la cárcel de Coronda.

Drivet trajo a cuenta otro dato que indica que en los últimos 15 años se crearon alrededor de mil plazas en el servicio penitenciario provincial, ya que en 1999 se contabilizaban 1.842 y este año alcanzan las 2.854, dijo.

La jueza de cámara, Martha Feijoó, tendrá 6 días para resolver si hace lugar al planteo del defensor general Gabriel Ganón. Foto: Flavio Raina

El dato

Pasar la pelota.

• El defensor general Gabriel Ganón acusó al Ministerio de Seguridad de “pasarle la pelota” a otro actor del Estado, responsabilizando al Poder Judicial, y adujo que “la policía nunca informa si existe o no cupos” en las comisarías y que las condiciones de alojamiento “implican un trato cruel”, dijo. Además, aseguró que “hemos planteado cuestiones concretas que nunca tuvieron solución. Y si bien (la carcelaria) es una población fluctuante, concretamente hoy el Ministerio de Justicia ha reconocido que existe un hacinamiento del 100%”.

El defensor regional Sebastián Amadeo brindó sólidos argumentos que dieron cuenta de la situación de hacinamiento, deficiente alimentación y atención médica. Foto: Flavio Raina