presentación judicial de Detsa

Denuncian falta de control en los centros de diálisis

Una ONG de pacientes trasplantados recurrió a la Justicia, ante la falta de soluciones para reclamos que hace tiempo viene realizando en forma pública y administrativa.

 

De la Redacción de El Litoral

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El reclamo que desde hace dos años viene realizando la Asociación de Deportistas Trasplantados de Santa Fe (Detsa) por la falta de control a los centros de diálisis de la provincia culminó con una denuncia penal contra funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia y del Colegio de Médicos. “El 23 de abril se presentó la denuncia penal por delito de acción pública, ante la presunta y aparente comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de abandono de persona, por parte del director de Auditorías Médicas, Jorge Prieto; el ministro de Salud, Mario Drisun; y el presidente del Colegio de Médicos de Primera Circunscripción, José María Albrecht”, informó Detsa en un comunicado de prensa.

En abril de 2013, El Litoral publicó los reclamos de la asociación por la falta de cumplimiento del protocolo prestacional a los pacientes por parte de los centros de diálisis: la inobservancia de los 6 metros cuadrados que debe tener cada paciente durante el procedimiento, las malas condiciones de traslado de los pacientes desde sus domicilios a los centros de diálisis, falta de control en la seguridad edilicia de los centros de diálisis y en la cantidad de personal por paciente, entre otros puntos.

En la misma nota, tanto el director de Auditorías Médicas del Ministerio de Salud de la provincia como el presidente del Colegio de Médicos explicaron a este medio que “todos los centros de diálisis que no cuentan con internación están habilitados y en correcto funcionamiento” y que en los últimos tres años no habían recibido ninguna denuncia.

No conformes con esta respuesta, desde Detsa consideran que las violaciones a la ley de diálisis en todos los centros de la provincia ponen en juego “la vida de los pacientes que se someten a este tratamiento” y, además, que son “infundadas porque los centros médicos perciben los emolumentos (remuneración adicional) mensuales y consecutivos para la satisfacción de las prestaciones médicas”.

Finalmente, la asociación exige que se investiguen los hechos denunciados y a los sujetos comprometidos con los pacientes en diálisis: obras sociales, clínicas, profesionales, empresas que trasladan a los pacientes y las autoridades responsables de habilitar a los prestadores.