editorial

• Pasaron once años desde la inundación provocada por el río Salado y aún no se determinó si algún ex funcionario incumplió las leyes.

Es hora de que la Justicia se expida

Once años parece mucho tiempo. Sin embargo, para quienes aquel 29 de abril de 2003 lo perdieron todo a raíz del irrefrenable avance del río Salado sobre la ciudad de Santa Fe, parece que fue ayer.

Así quedó reflejado en los testimonios recogidos durante los últimos días por El Litoral entre vecinos de la zona oeste, la más castigada por aquella trágica inundación. Algunos reconocieron que aún sienten pánico cada vez que el río crece o las calles se cubren de agua debido a las lluvias. Otros, en cambio, dijeron que prefieren no recordar aquellos días aciagos.

No son tantos los que continúan participando de las marchas que cada año se organizan para rememorar lo sucedido y reclamar justicia. Es que, seguramente, la mayoría tomó la decisión de mirar hacia adelante como una manera de evitar que se reabran viejas heridas.

Habrá que reconocer que algunas cosas han cambiado durante el tiempo transcurrido. La ciudad en su conjunto asumió una postura diferente y hoy todo santafesino es consciente de su vulnerabilidad frente a la crecida de los ríos que rodean a Santa Fe.

De todos modos, esta toma de conciencia no fue un hecho automático: en 2007 se produjeron lluvias extraordinarias que volvieron a dejar gran parte de la ciudad bajo agua porque no se habían tomado las medidas necesarias para mitigar las consecuencias de este riesgo potencial.

Hoy, Santa Fe está mejor preparada. No sólo porque se adoptaron decisiones políticas y se ejecutaron algunas obras esenciales, sino porque existen protocolos de actuación que indican cómo actuar frente a situaciones de riesgo.

Lo sucedido en 2003 tuvo algunas características muy particulares. Es que se combinaron hechos imprevistos -como lluvias extraordinarias con una tasa de recurrencia varias veces centenaria- con imprevisiones asignables al funcionariado público que intervino en la emergencia, ya que no se trató de un terremoto, un tornado o un huracán súbitos.

Nadie puede desconocer el ciclo de lluvias extraordinarias en la cuenca del Salado. Pero también es cierto que los efectos se vieron agravados por impericia, irresponsabilidad o desconocimiento de distintos actores públicos, y del hecho incontrastable de la no ejecución de la última etapa del terraplén de defensa a la vera del río.

Por allí ingresó el agua con un poder irrefrenable. Y cuando se intentó evitar el avance del río, ya era demasiado tarde. En consecuencia, es comprensible que las víctimas de aquella tragedia carguen con la angustia y la incertidumbre acerca de qué hubiese ocurrido si ese tramo faltante del terraplén se hubiera completado a tiempo. El tema no es sencillo porque, además, una de las causas determinantes del fenómeno remite a los ‘70, cuando el puente de la autopista fue reconstruido con luces de paso del agua claramente inapropiadas.

Hoy, cuando se cumplen once años de la tragedia, la Justicia aún no llegó a una conclusión. La voluminosa causa judicial tiene a tres ex funcionarios procesados, pero a pesar del tiempo transcurrido no se produjo sentencia alguna. Ni siquiera en primera instancia.

Demasiados años han pasado. Y esto alienta sospechas de impunidad o injerencia política en la causa.

Si quienes hoy están procesados no cometieron delito, tienen derecho a que sus nombres sean apartados de cualquier responsabilidad. Pero si infringieron las leyes, deben hacerse cargo y cumplir con las penas que correspondan. Lo inaceptable es que no ocurra nada, que las víctimas sufran este “abandono” institucional y que los imputados padezcan causas abiertas que no tienen final.

A esta altura de las circunstancias, no se pide demasiado. Simplemente, que la Justicia cumpla con su deber.