El Servicio de Defensa convocó al diálogo

Buscan regular las requisas

El Servicio Público Provincial de Defensa Penal reunió en una mesa de diálogo y trabajo interinstitucional a una serie de actores institucionales públicos y privados, para debatir y establecer pautas uniformes en el desarrollo de un procedimiento de requisa común para todas las unidades penitenciarias y comisarías de toda la provincia.

El encuentro tuvo lugar en la sede del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe, y vino a dar cumplimiento a la resolución de la jueza Penal del Colegio de Jueces de Primera Instancia de la Tercera Circunscripción, Lorena Garini, dictada a raíz de un Habeas Corpus correctivo y colectivo por requisas agraviantes a los familiares de los internos, interpuesto por la jefa de la 3er. Región y abogada defensora del Servicio Público de Defensa Penal, Silvia Gamba. Allí, la letrada detectó, durante los días de visitas de familiares a detenidos de la Comisaría 3a. de la localidad de Rufino, la utilización de procedimientos de requisa vejatoria.

Al interponerse la denuncia, la defensora solicitó el cese inmediato de ese tipo de requisas, y que, a fin de evitar que dichos procedimientos sean utilizados por las personas encargadas de examinar a los visitantes de personas privadas de su libertad en todo el territorio provincial, se convoque a una mesa de diálogo a instituciones públicas y privadas de incidencia en la materia para recolectar diferentes miradas sobre la cuestión y arribar a un procedimiento adecuado de requisas que no comprometa la dignidad humana de los visitantes ni afecte los derechos de los privados de libertad al punto de provocar un agravamiento de sus condiciones de detención debido a que, en casos como éste, los familiares optan por interrumpir las visitas y el acompañamiento durante el encierro para no ser sometidos a este tipo de procedimiento.

De la intensa actividad surgió con claridad que en la actualidad no existe en el territorio provincial un protocolo o guía de procedimiento para que el personal policial efectúe las requisas de familiares de personas privadas de libertad en la provincia y que, si bien existe una guía para efectuarlos en el ámbito del Servicio Penitenciario, el procedimiento debe ser mejorado para adecuarlo al respeto de los derechos humanos de las personas requisadas.

El defensor provincial, Gabriel Ganón, y la defensora regional de la 4a. Circunscripción Judicial, actual y transitoriamente a cargo de la Secretaría de Prevención de Violencia Institucional y Atención del Detenido y el Condenado de la Defensoría Provincial, Ariana Quiroga, se mostraron muy satisfechos y señalaron que ésta es “la forma en la que la nueva defensa pública propone promover la vigencia efectiva de los derechos humanos”.

Expresaron, a su vez, “que institucionalmente se considera que la presencia activa de los nuevos defensores en los espacios de encierro ha permitido detectar esta problemática para superarla a corto plazo, con el objeto de prevenir y erradicar este tipo de prácticas aberrantes que afectan no sólo a los familiares de personas privadas de libertad sino también a sus familiares, quienes muchas veces omiten decir que esto pasa por temor a represalias o traslados”.