Ante la inseguridad ¿vamos al frente?

Néstor Vittori

En la jerga del turf “ir para atrás” significa que el caballo corre la carrera, pero no para ganar.

Este ejemplo sirve como metáfora para señalar situaciones en las que los actores parecieran buscar el resultado deseado, pero en el fondo van para atrás porque no emplean los recursos necesarios para conseguirlo.

La lucha contra la inseguridad, en la medida que involucra al narcotráfico, ofrece esa zona gris en la que es difícil saber si existe una verdadera e inequívoca decisión política de avanzar.

Hay muchas maneras de ir para atrás, pero la más evidente es la falta de adecuación de los medios que se emplean a los fines que se proclaman.

Días atrás, en una reunión de la que participé y a la que asistieron el gobernador y el intendente para tratar esta cuestión, cuando planteé la necesidad de que el Estado modifique sus paradigmas en relación con el tema de la seguridad, haciendo las inversiones necesarias para poder enfrentar a verdaderas organizaciones delictivas, Bonfatti no ocultó su molestia. Es más, su respuesta recargó la responsabilidad del narcotráfico y la inseguridad en los consumidores, y en la desigualdad y la exclusión social.

Sin perjuicio de la fidelidad ideológica que reflejó la respuesta, y que por tanto me parece respetable, creo que no atiende el estado de emergencia en que vive la sociedad, y que a mi criterio deriva de una interpretación del accionar, tanto preventivo como judicial, que en los hechos beneficia a los delincuentes.

Más allá de la voluntad de hacer las cosas bien por parte de funcionarios, fiscales y jueces involucrados, las tareas requieren de una estructura material y de normativas adecuadas para poder cumplir la misión.

Por esta razón, para poder acreditar la voluntad política o la solidez de la voluntad política del gobierno provincial en la materia, me parece interesante plantear un cuestionario -factible de verificar sobre la base de las experiencias exitosas del combate contra el delito en otras latitudes- que serviría de guía a la opinión pública para saber a ciencia cierta dónde está parada y qué puede esperar a futuro.

1) ¿Tiene la provincia alguna metodología definida para construir el mapa del delito en los principales centros urbanos?

2) ¿Cuál es la metodología y que tecnologías se utilizan?

3) ¿Cuál es el sistema para la recepción de denuncias de actos delictivos?

4) ¿Cuáles son las garantías de confidencialidad que tiene el denunciante y cuál es el sistema de validación de denuncias anónimas?

5) ¿Cuál es el sistema de confluencia de denuncias para construir el mapa del delito?

6) ¿Tiene la policía un sistema de comunicación en línea y de intercomunicación con todo el sistema de patrullas, tanto motorizadas como pedestres?

7) ¿Tiene la estructura de patrullas un sistema de GPS intercomunicado?

8) ¿Tiene la policía un banco de datos o acceso a un banco de datos informatizado de huellas dactilares de las personas detenidas por distintos delitos?

9) ¿Tiene la policía un banco de datos o acceso a un banco de datos informatizado de ADN de las personas que resultan detenidas por distintas imputaciones delictivas?

10) ¿Posee la policía o tiene acceso a un laboratorio equipado con un sistema PCR para determinar ADN?

11) ¿Tiene la policía un cuerpo de investigación de la escena del crimen; y, en tal caso, cuáles son los elementos tecnológicos y los programas informáticos con que cuenta a ese fin?

12) ¿Qué sistema de descentralización de responsabilidades de conducción existe en las ciudades de Rosario y Santa Fe?

13) ¿Cuál es el sistema de control de cumplimiento de los objetivos respecto de los responsables de área o zona?

14) ¿Cómo se determinan los objetivos de área o zona y cómo se miden los resultados?

Las respuestas a este cuestionario, desde luego incompleto, pueden ser muy útiles para saber dónde estamos parados. Y para que la autoridad política proporcione a la ciudadanía una medida concreta de la decisión política de actuar en pro de la seguridad y de hacer docencia social. Por este camino, el accionar policial se hace más transparente, los vecinos amplían el conocimiento de sus realidades y sus derechos, y aprenden dónde y cómo recurrir ante negativas a sus requerimientos -sobre todo en el caso de los más pobres y desvalidos-.

Cuanto mejores y más claros sean el método y los instrumentos que en su consecuencia se empleen, mayor transparencia lograrán los procedimientos contra el crimen, y quienes hoy se sienten librados a la buena de Dios tendrán más probabilidades de obtener protección y justicia.

Más allá de la voluntad de hacer las cosas bien por parte de funcionarios, fiscales y jueces involucrados, las tareas requieren de una estructura material y de normativas adecuadas para poder cumplir la misión.