Comisiones de la Legislatura

Acuerdos se reúne por Ganón

• Comenzará a analizar la propuesta de la mayoría del Senado para remover al defensor general. El Ejecutivo remitió nuevos pliegos.

Mario Cáffaro

mcaffaro@ellitoral

La Comisión Bicameral de Acuerdos está citada para última hora de la tarde para analizar una serie de temas, entre ellos el pronunciamiento de una amplia mayoría del Senado, pidiendo la remoción del defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, por entender que ha incurrido en “las causales de mal desempeño”. El presidente de esa comisión, Avelino Lago, confirmó a El Litoral que el grupo tomará conocimiento oficial del pedido del Senado, también recepcionará una presentación efectuada por el propio Ganón y luego determinará el procedimiento a seguir en el trámite. El diputado evitó abrir todo tipo de juicio sobre la situación del funcionario judicial a la espera del encuentro.

Pero también la Comisión de Acuerdos analizará la situación del fiscal regional de Reconquista, Eladio García, denunciado a principios de año por el propio Ganón ante una presentación de la Defensora Regional de esa circunscripción, Ariana Quiroga. El defensor entiende que algunas actitudes del fiscal podrían configurar “un mal ejercicio de la función”. Los cuestionamientos de la Defensoría parten por entender que “habría impartido directivas al personal policial contrarias a la legislación vigente para evitar la actuación de los defensores públicos en la circunscripción” norteña.

Además de estos dos temas, Acuerdos deberá proceder a recibir cuatro pliegos remitidos en las últimas horas a la Legislatura y establecer las fechas para su tratamiento. Trascendió que los propuestos son Duilio Hail y Ana Laura Mendoza para juzgados civiles y comerciales vacantes de Rafaela y Delia Paleari y Marisol Usandizaga como jueces subrogantes para el fuero penal de la ciudad de Rosario.

Otras comisiones

En cuanto al temario de comisiones para esta semana, se destaca la presencia del defensor del Pueblo adjunto Zona Norte, Luciano Leiva, quien participará de la reunión de la Comisión de la Defensoría del Pueblo para presentar y fundamentar dos proyectos de ley que propondrá sean considerados por el Poder Legislativo.

En tanto, la Comisión de Educación tiene en agenda el proyecto firmado por los justicialistas Ricardo Olivera y Leandro Busatto para crear el Instituto de Solidaridad Educativa, cuyo objetivo sería otorgar becas a ciudadanos que cursen estudios en universidades públicas o institutos de nivel superior públicos de la provincia. El proyecto no tuvo tratamiento en los dos años anteriores por la resistencia de muchos legisladores al tributo a graduados universitarios que sería el recurso financiero indispensable para ponerlo en marcha. En esta ocasión, Olivera introdujo algunos atenuantes a la iniciativa que pretende emular en parte a lo que acontece desde hace varios años en la vecina provincia de Entre Ríos.

El tema tiene tratamiento preferencial para mañana, aunque deben expedirse tres comisiones, lo que parece imposible en vistas de las diferencias internas en el propio justicialismo que provoca la iniciativa.

En tanto, la Comisión de Obras y Servicios Públicos recibirá a directivos de la Federación de Aeroclubes de la provincia que opinarán sobre un proyecto ya votado por el Senado, a instancias del radical Rodrigo Borla, y que prevé subsidios de combustibles para las entidades.

El dato

Querellantes

El juez penal rosarino Juan Carlos Curto resolvió admitir a los diputados provinciales Gerardo Rico, Eduardo Toniolli y Mariana Robustelli (Movimiento Evita) como querellantes en la causa por la presunta intromisión de funcionarios políticos del gobierno provincial en la investigación del homicidio del empresario Luis Medina, y para lo cual la Cámara de Diputados votó la semana pasada la conformación de una comisión investigadora.

Los legisladores habían presentado una denuncia penal, solicitando, entre otros aspectos, que se investigara el acceso sin orden judicial a la información de la computadora de Medina por parte de dos funcionarios políticos del Ministerio de Gobierno, y que se dirima la responsabilidad que le cupo al ministro de Gobierno Rubén Galassi en los hechos.