242 hectáreas

Inspeccionarán campos transferidos a Telecom

En el quinto juicio contra la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray, el tribunal realizará la medida ante la presencia de la imputada. Las tierras valuadas en 108 millones de dólares pasaron gratuitamente a manos privadas en 1990.

DyN

El Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) hará con María Julia Alsogaray una inspección ocular al campo de 241 hectáreas ubicado en General Pacheco y valuado en 108 millones de pesos/dólares, que era del Estado desde 1947 y en 1990 pasó gratuitamente a la empresa Telecom, por lo cual la ex funcionaria menemista afronta su quinto juicio oral y público.

Los jueces José Martínez Sobrino, Patricia Mallo y Eduardo Fernández decidieron hacer, el próximo martes 10 a la mañana, una recorrida por el predio en cuestión, propuesta por la querellante Oficina Anticorrupción. El campo está ubicado en el cruce de la ruta 197 y la vía del Ferrocarril Mitre, junto a una planta transmisora de Radio Nacional en General Pacheco, al norte del Gran Buenos Aires.

Sin ningún familiar, amigo o colega acompañándola, la ex interventora de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), que ya acumula tres condenas de prisión, se sentó este martes en el banquillo al lado de su defensora oficial, Pamela Bisserier, y detrás de los otros dos acusados: Guillermo Fox, su ex secretario en Entel, y Gustavo Albano Abreu, que firmó la transferencia por el Estado.

La audiencia inaugural se abrió con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio que hicieron la Oficina Anticorrupción, entonces dirigida por el actual diputado nacional Manuel Garrido, y el ex fiscal federal Guillermo Montenegro, luego juez federal y ahora secretario de Seguridad del Gobierno porteño. Según ambos, la intervención de Alsogaray en Entel, ordenada por el entonces presidente peronista Carlos Menem, agregó en forma ilegítima y clandestina el campo en cuestión a la lista de activos de la empresa que iban a ser transferibles a Telecom, el 7 de noviembre de 1990, o sea sólo un día antes de la firma de la cesión de la compañía de teléfonos estatal. Ese campo estaba en manos del Estado desde 1947, anexo a otro de 180 hectáreas en que Radio Nacional poseía su planta transmisora, pero no figuraba en el pliego de privatización de Entel así como tampoco en la lista de bienes a pasar a manos de las adjudicatarias. La inclusión entre los bienes a ceder se hizo, según el fiscal, “con el único objetivo de beneficiar a los empresarios licenciatarios y perjudicando al Estado nacional”.

Tanto el fiscal como la querellante Oficina Anticorrupción tipificaron el delito supuestamente perpetrado por Alsogaray, más Fox y Abreu, como “peculado”, castigado con penas de 2 a 10 años de prisión.