Audiencia suspendida

La defensa de Vorobiof se presentó por escrito

De la Redacción de El Litoral

La Oficina de Gestión Judicial de segunda instancia había programado para hoy una audiencia oral en la que se iba a tratar la apelación promovida por la defensa técnica del presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Marcelo Vorobiof, investigado por la comisión de presuntas irregularidades en su gestión. Sin embargo, el abogado de la parte aludida, Roberto Büsser, prefirió entregar un escrito. A partir de hoy el tribunal pluripersonal que intervino tiene diez días hábiles para resolver si la investigación continúa o no.

“Se ha decidido no realizar la audiencia en función de que las partes presentaron memoriales escritos, que es una de las alternativas previstas por la ley”, declaró el presidente del tribunal, el juez de Cámara, Roberto Prieu Mántaras.

El magistrado explicó que dicha modalidad tiene por fin “informar acerca del mérito de la prueba, que se produjo como consecuencia de la reapertura a prueba en la etapa recursiva, que había solicitado el abogado defensor”. Por eso “habiendo presentado la defensa memoriales por escrito no hay necesidad de realizar la audiencia”, reiteró.

“En tanto la ley establece la posibilidad de que se valore el mérito de la prueba in voce, es decir en forma oral, o en caso contrario con la presentación de memoriales. Presentados los memoriales no es necesaria la apertura a prueba y los autos pasan a resolución”, ahondó el Dr. Prieu Mántaras, que tras una breve entrevista con las partes habló con los numerosos medios de prensa que aguardaban en los pasillos de tribunales.

En diez días

La reunión estaba prevista para el miércoles 4 de junio, a las 10.30, en la Sala de Audiencias Nº 5 del primer piso de tribunales y fue anunciada como audiencia de “Apelación (valoración prueba producida)”, en el marco del expediente Nº 673/2013 del viejo sistema.

Para dicha ocasión se constituyó el tribunal que completan los vocales Jaquelina Balangione y Sebastián Creus. También estuvo presente el fiscal Nº 7, Jorge Andrés, quien impulsa la investigación penal, junto a la fiscal de Cámaras, Liliana Lauxmann.

Ante la pregunta acerca de los plazos previstos para emitir una resolución, el camarista entrevistado confirmó que “diez días hábiles tiene el tribunal para expedirse sobre el planteo de nulidad de la instrucción y de la apertura de instrucción que realizó el abogado defensor”.

En cuanto a los pormenores del caso, Prieu Mántaras sostuvo que “no se pueden conocer los argumentos porque estamos resolviendo una cuestión que hace a la iniciación del proceso, que está en la etapa instructoria, porque se rige por el viejo sistema, y que establece expresamente la reserva de las actuaciones durante la etapa de instrucción”.

En otras palabras el camarista reconoció que “tampoco es de conocimiento público”, con la salvedad de que “esto va a ser público cuando llegue a etapa de juicio”, a excepción de las partes que “son hoy las que tienen la posibilidad de conocer todo lo relativo a las actuaciones”. No obstante destacó que llegado el caso sí se dará “publicidad de las decisiones, porque eso sí forma parte de los actos democráticos de gobierno”.

La causa

El abogado Büsser había presentado la apelación a principios de noviembre de 2013, luego de que el juez de Instrucción Primera, Jorge Pegassano, rechazara el pedido para dejar sin efecto la investigación solicitada por el fiscal Nº 7, Jorge Andrés.

El Dr. Andrés comenzó a motorizar la causa el 25 de septiembre, al solicitar la apertura de una investigación por presuntas irregularidades en la administración del ente portuario (Eapsf), tomando como base dos informes de la Sindicatura General de la provincia, de junio de 2012 y 2013, en las que se señalan las presuntas anomalías.

En su resolución, el juez de Instrucción Pegassano, reconoció que “el fiscal Andrés actuó dentro de las facultades” conferidas por la ley; y destacó “que existiendo la posibilidad y admitiendo que los actos del Consejo no sean administrativos y que el representante de la provincia tenga autonomía del poder político, no por ello se dejará de investigar cuando hay signos o elementos de la comisión de delitos, sean comunes o públicos”.