La Argentina APUNTA a La corte internacional de justicia
Griesa no admite el pago de Kicillof
- El juez ordenó al Bank of Ney York devolver los fondos que le había depositado el gobierno nacional para saldar una cuota de bonos canjeados.
El juez Thomas Griesa dispuso además extender las negociaciones con los buitres. FOTO: archivo el litoral
De la redacción de El Litoral
DyN/Télam
Los abogados Carmine Boccuzzi (del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton) y Robert Cohen, que representan a la Argentina y a los inversores de NML Capital y otros -respectivamente- permanecían reunidos al cierre de esta edición con el juez Thomas Griesa en su despacho de Nueva York.
Griesa convocó ayer a las partes tras rechazar una medida cautelar solicitada por la Casa Rosada. La audiencia se inició a las 11.40.
De un pago total de U$S 832 millones ordenado ayer, el gobierno nacional depositó U$S 539 millones en la cuenta que el Bank of New York posee en el Banco Central, para saldar el vencimiento (opera el lunes) de capital e intereses por bonos de la deuda canjeada.
El magistrado dictaminó que ese pago es ilegal y el banco no procederá a depositar el dinero en las cuentas de los acreedores que entraron al canje. Si bien el vencimiento opera el lunes, hay 30 días más de plazo antes de que la Argentina entre nuevamente en default.
Thomas Griesa espera que en ese plazo haya un acuerdo para la ejecución de su sentencia, que ordena comenzar a saldar “simultáneamente” hasta un total de U$S 1.330 millones a favor de los demandantes liderados por Paul Singer. Pero las negociaciones que preside Daniel Pollack entre los “buitres” y la Argentina no han dado hasta aquí resultados.
El juez neoyorkino ya había sentenciado en 2012 que el Bank of New York “no pague” a bonistas canjeados si el país no cumplía en forma simultánea con los “buitres”.
Kicillof replicó ayer que esa entidad financiera sólo es agente fiduciario y que si no cumple con su obligación contractual existiría “apropiación indebida del derecho de terceros” y llevaría el caso a tribunales de La Haya.
La Corte Internacional de Justicia -órgano de las Naciones Unidas- sólo entiende en casos entre Estados. Por eso, ayer Kicillof responsabilizó al gobierno de Barack Obama por las acciones de la Justicia de su país; allí el argumento de la Casa Rosada choca con el principio de independencia de poderes. Además, la Corte de La Haya es un escenario incierto por cuanto EE.UU. no le reconoce jurisdicción.
La advertencia del gobierno argentino es para denunciar violaciones a los estatutos de conformación de la Organización de los Estados Americanos (artículo 61), de la Organización de las Naciones Unidas (artículo 2 inciso 1 y 4), al convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional (artículo 4), todos ellos “como sujetos de derecho internacional”. Para eso, debe consumarse la sentencia.
Según la Casa Rosada, el fallo del juez Griesa “vulnera el principio de inmunidad soberana” vigente en EE.UU. “como norma de jerarquía institucional superior”. Kicillof dijo ayer que el gobierno argentino podría incluso llevar el caso a tribunales ordinarios de la Argentina.
La clave
Intimidad
- “Argentina paga”, colgó en su cuenta de Twitter la presidente Cristina Fernández. No hubo otra expresión de la jefa de Estado tras el anuncio de Kicillof, calificado como posición oficial del gobierno y definido en el núcleo íntimo del Poder Ejecutivo, sin participación del Congreso a pesar de su materia y trascendencia. El desacato a la Justicia norteamericana -declaratoria ya solicitada por los holdouts- o incluso la demanda al gobierno de Estados Unidos, suponen una audacia jurídica y política digna de la épica del relato. Si hay crédito será del Poder Ejecutivo; si no, las consecuencias excederán con mucho a este gobierno, y las culpas -claro- serán ajenas.
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