Resolución legislativa

Pasteras: Entre Ríos pidió a Nación que denuncie a Uruguay en La Haya

• Exigen el cumplimiento de compromisos internacionales en cuanto a la defensa y cuidado del medio ambiente. La iniciativa fue votada por unanimidad y respaldada por el gobernador Sergio Urribarri. La reacción surge tras una autorización del gobierno uruguayo a la pastera para que aumente su producción.

De la redacción de El Litoral

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Télam

La Legislatura entrerriana le solicitó al Estado Nacional que “denuncie los hechos vinculados a la producción de pasta de celulosa en la margen oriental del río Uruguay, en territorio uruguayo, ante la Corte Internacional de La Haya, y las violaciones que estos hechos implican a los convenios suscriptos entre las partes y a los pactos internacionales”. También solicitó que se exija al país vecino “el cumplimiento de sus compromisos internacionales” en relación con la defensa y cuidado del medio ambiente.

La decisión está contenida en un proyecto de resolución aprobado anoche por unanimidad en una asamblea legislativa, que expresó su apoyo a las gestiones que desarrolla el gobernador de la provincia, Sergio Urribarri, ante organismos nacionales, tras conocerse la decisión del gobierno uruguayo de autorizar el aumento de producción de la pastera UPM (ex Botnia), ubicada en Fray Bentos, junto al río Uruguay y frente a Gualeguaychú.

“Entre Ríos nuevamente se muestra unida tras esta causa nacional y provincial que es la defensa de su río compartido con la República Oriental del Uruguay, sobre todo cuando se están violando tratados, sentencias internacionales y el espíritu de amistad que nos vincula a los argentinos y los uruguayos”, aseguró Urribarri.

El mandatario dijo que la decisión de Uruguay “nos obliga a reaccionar institucionalmente. Entre Ríos ha estado a la altura de las circunstancias, apoyando con esta resolución unánime de ambas Cámaras legislativas, el reclamo del gobierno nacional ante la Corte Internacional de Justicia”, agregó.

La iniciativa

La resolución aprobada señala “la existencia de violaciones de los convenios suscriptos por la ROU y la Argentina, y promueve la activa participación de Entre Ríos en la elaboración de la presentación que se hará ante los organismos internacionales”.

Especifica que “los incrementos de las sustancias contaminantes han podido ser detectados por análisis realizados por laboratorios internacionales (Pacific Rim y Exova, ambos de Canadá) que han precisado la detección de pesticidas organoclorados, organofosforados, carbámicos y/o piretroide”.

También se detectó “el apartamiento de la normativa vigente, si se considera la temperatura de las aguas volcadas con relación a la temperatura promedio del río y la presencia de fenoles en los efluentes, entre otras irregularidades”.

Uno de los aspectos centrales de los argumentos que sostienen la posición entrerriana es que “el conflicto entre partes involucra la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos”. Indica que, por su naturaleza, la problemática resulta ser de competencia de la Corte Internacional de La Haya, por ser el presente conflicto una derivación de la sentencia dictada por aquel organismo “que no ha sido debidamente observada por la ROU”.

Además, señala que Uruguay, con su decisión de habilitar la mayor contaminación del río Uruguay, “va contra los alcances del Tratado del Río Uruguay, del Estatuto del Río Uruguay, de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del año 1969”.

También transgrede “el tratado internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el uso no navegable de los Cursos de Agua Internacionales, del Convenio de Basilea sobre Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos, del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur del año 2001 y de la Declaración de Estocolmo del año 1972”.

“No queda otra instancia”

• El intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, reconoció que “mientras Uruguay persista en esta conducta de violar reiteradamente el Estatuto del Río Uruguay”, a las autoridades argentinas “no les queda otra instancia que concurrir (al Tribunal Internacional de) la Haya”.

Tras conocerse la determinación de la Legislatura entrerriana de apoyar la decisión del gobierno nacional de recurrir nuevamente ante La Haya, Bahillo dijo que “ojalá hubiera caminos de negociación, pero la conducta de las autoridades uruguayas que autorizaron el incremento en la producción de la planta, provocan el agravamiento del conflicto y una manifestación más de la comunidad de Gualeguaychú en disconformidad con esto”.

El dirigente sostuvo que “la aprobación de esta resolución está en consonancia y alineada con lo que quiere la comunidad, que es usar todas las herramientas institucionales que tiene el gobierno para buscar solucionar esta situación conflictiva”. Recordó que esta semana, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó por unanimidad una resolución que adhirió de antemano a la decisión de la Legislatura entrerriana de solicitar al gobierno nacional que recurra a La Haya.

En tanto, la diputada Leticia Angerosa (FpV-Gualeguaychú) reconoció que “duele cuando dos pueblos hermanos como Uruguay y Argentina, que son parte de esta América Latina, son sometidos por una empresa multinacional con su excesivo poder económico, que presiona para instalarse para producir la cantidad que necesita, para aumentar la producción y para seguir contaminando un río que pertenece a dos pueblos hermanos”.