diputados: No hubo acuerdo en la primera parte del año

Cámara paralizada por tres temas

Refieren a la situación de Ganón, la creación de la futura empresa de gas y la inclusión de Santa Fe y Rosario en el Fondo de Obras Menores.

Mario Cáffaro

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La creación de la futura Empresa de Gas, la indefinición sobre la situación del defensor general del nuevo sistema penal, Gabriel Ganón; y la inclusión de Santa Fe y Rosario en el Fondo de Obras Menores son quizás los tres principales escollos que mantuvieron paralizada a la Cámara de Diputados en la primera semana de julio y que deberán ser definidos por los diferentes grupos políticos una vez que se reanude la actividad tras el receso de invierno.

Las mayores dificultades en los tres temas están en la mayoritaria bancada del justicialismo cobijado bajo el nombre Frente Santa Fe para Todos que después se fragmentó en una docena de subbloques. El oficialismo, en tanto, tiene apuro en los tres temas pero carece de los votos necesarios y necesita sumar voluntades del justicialismo e incluso del tercer espacio político que se cobija bajo la sombrilla del macrismo pero también con múltiples fracturas internas.

“Para qué vamos a avalar la destitución de Ganón si es un hombre molesto al gobierno provincial” razonó, crudamente, un diputado kirchnerista ante varios cronistas parlamentarios en la última semana de actividad. La indefinición justicialista de Diputados hizo que la Comisión Bicameral de Acuerdos que debe analizar el expediente no haya podido ni siquiera establecer un manual de procedimiento para actuar en estos casos. Una amplia mayoría de senadores, 17 sobre 19, firmó el pedido de destitución de Ganón pero más allá del procedimiento, se necesitan los votos de una mayoría propia en ambas Cámaras y hoy en la Cámara Baja la situación no está clara. Son varios los subbloques justicialistas -encabezados por el Movimiento Evita- que hacen una férrea defensa del funcionario judicial y que hasta el momento han logrado el objetivo central de diferir una definición sobre el tema.

Por las dudas, Ganón lleva adelante una estrategia que le valió el apoyo de organismos defensores de Derechos Humanos y logró instalar el tema en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por si avanza la petición de los senadores.

Los otros dos temas

La aprobación de la futura Empresa de Gas bajo la figura jurídica de Sapem es permanentemente puesta sobre la mesa por el Frente Progresista pero siempre el justicialismo ha logrado diferir la cuestión. La Comisión de Presupuesto y Hacienda se ocupó de escuchar a entidades y a funcionarios -todos con opinión favorable- pero los borradores de dictámenes no lograron estampar las firmas necesarias para girarlo a Asuntos Constitucionales y luego al recinto.

Rodolfo Agnese, subsecretario de Gas y Energías Convencionales de la secretaría de Energía, destacó ante la Comisión de Presupuesto que el plan de negocios de la futura empresa será “el de ejecutar, con eficiencia operativa y económica-financiera, el desarrollo de los sistemas gasíferos y de energías renovables en el territorio provincial, interviniendo en el estudio, elaboración y ejecución de los proyectos que el Ejecutivo establezca, y administración de los servicios que a través de dichos sistemas se presten, por sí, a través de terceros y/o asociados a ellos”.

El 60 % del territorio santafesino carece hoy de gas natural lo que incluye a 1.200.000 personas lo que es definido por Agnese como “intolerable desigualdad y exclusión social e inequidad competitiva empresarial”. La Casa Gris piensa la futura empresa como “una activa gestora de financiamiento y de fondos para el desarrollo de proyectos sobre energías renovables y de los distintos sistemas de gas por redes, principalmente para construcción y administración de los sistemas regionales en alta presión a fin de posibilidad la provisión a las industrias y proveer el gas en las puertas de cada localidad”.

Finalmente, ante los micrófonos, todos los diputados aplauden la necesidad de sumar a Santa Fe y Rosario al Fondo de Obras Menores, pero el mensaje del Poder Ejecutivo parece estar lejos de llegar al recinto pese a los pedidos de José Corral y de Mónica Fein. El justicialismo promete votarlo pero remarcando específicamente a los sectores donde debería estar dirigido ese recurso que sumarían las dos municipalidades de primera que tiene la provincia. En el medio está un veto a la automaticidad del recurso que el Poder Ejecutivo mandó a una Cámara equivocada y la exigencia de intendentes y presidentes comunales de poder utilizar gran parte de los recursos para gastos corrientes.

El dato

Foro

El llamado Foro contra la Impunidad y por la Justicia hizo una presentación ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura donde requieren un análisis serio y detallado sobre la importancia del trabajo que está llevando el Servicio Provincial de la Defensa Penal desde que Gabriel Ganón es su titular.

La entidad pidió ser escuchada por la comisión y subrayó que el trabajo del defensor provincial ha motivado la expresión de apoyo de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) mediante comunicaciones remitidas a la Legislatura rechazando los intentos de obstaculizar su labor.

Ante la Cidh

Días atrás, el abogado Alberto Bovino presentó una serie de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se controle la posible contrariedad con los estamentos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con relación al proyecto de remoción del cargo del defensor General de la Provincia de Santa Fe, Gabriel Ganón, enviado a la Comisión Bicameral de Acuerdos con la firma de 17 senadores santafesinos.

El pedido de remoción, tal cual se informa a los legisladores que integran dicha Comisión, se funda, por un lado, en la expresión de opiniones de crítica política del Dr. Ganón, amparadas por el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como también sobre cuestiones propias del ámbito judicial.

“Las constantes discusiones que ha tenido el defensor Provincial con la Corte Suprema sobre los alcances de sus facultades son cuestiones justiciables, respecto de las cuales la Corte Suprema no tiene legitimación alguna para remitir actas de oficio a la Legislatura, mucho menos cuando aclara que realizan esos envíos con el fin de que se inicie el proceso de remoción”, señaló Bovino.

De acuerdo con lo informado en la presentación ante la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, el avance del proceso de destitución del Defensor Provincial implicaría la vulneración de los derechos a la libertad de expresión, principio de legalidad, garantías judiciales y al ejercicio de derechos políticos. “Del mismo modo, el conflicto se agravaría, pues no hay un procedimiento legal específico que se pueda aplicar al proceso de remoción manifestado”, acotó.