Este año no habría pagos
La estrategia “buitres 2015”
La Casa Rosada reclamó una vez más a Thomas Griesa que no trabe el pago de bonos canjeados. Y busca postergar el cumplimiento de la sentencia que condenó a la Argentina.
Según interpretó hoy Capitanich, Cristina y su ministro de Economía violarían la normativa argentina si le pagan a los buitres antes de fin de año.
Foto: Archivo El Litoral
De la redacción de El Litoral
Télam/DyN
El gobierno argentino descartó la posibilidad de pagar antes del 31 de diciembre la sentencia de Thomas Griesa a favor de los “buitres”. Y volvió a pedir al juez de Nueva York que reponga una medida cautelar que permita a la Casa Rosada pagar los bonos canjeados, algo que el magistrado impide si al mismo tiempo no se acata su fallo.
La posición argentina fue reiterada en un documento elevado ayer por los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que representan los intereses del país. Le reitera al juez que la deuda canjeada en 2005 y 2010 contiene una cláusula (Rufo) según la cual el país, si paga a los “buitres” en mejores condiciones que a quienes entraron al canje, debería compensar a estos últimos.
La Argentina depositó el 26 de julio pasado U$S 832 millones; de ese total, U$S 539 millones en el Bank of New York y el resto en otros agentes fiduciarios que recibieron la plata para pagar a bonistas “canjeados” una cuota de la deuda soberana.
Griesa impide a esos agentes pagadores concretar el pago si al mismo tiempo, por cada dólar que se salda a los canjeados, no se paga una suma similar hasta cubrir su sentencia de U$S 1.330 millones a favor de los “buitres”. El magistrado ha entendido hasta aquí -consta en el expediente- que este pago no implica violar la cláusula Rufo por cuanto no se trata de una “oferta” argentina sino de una sentencia.
Pero en el expediente quedaron atrapados los acreedores de los bonos canjeados. En especial, los de Europa han amenazado con acciones legales a los agentes pagadores si no les saldan el dinero que la Casa Rosada ya formalizó. Es en ese aspecto en el que el ministro Axel Kicillof ha advertido la “extralimitación” de Griesa, por cuanto los bonos canjeados no son materia del expediente del juez neoyorquino; menos aún los que se deben pagar en Europa.
Los agentes pagadores -las cajas de valores europeas Euroclear y Clearstern y el Bank of New York Mellon- asistían hoy al despacho del juez para pedirle precisiones. Los bonistas con títulos reestructurados como los bancos también advirtieron que la medida de Griesa de prohibir el pago en Europa va contra la jurisprudencia existente en el Viejo Continente, como sucedió en un caso similar contra Nicaragua del que también participó Elliott.
En el documento presentado por la Casa Rosada, se reclama “un stay, así como una adecuada y suficiente protección a la República contra el riesgo económico y financiero de la cláusula Rufo, son necesarios y adecuados para permitir, por un lado, que los bonistas del canje reciban sus pagos de los intereses de sus bonos, como fue establecido en el cronograma original, mientras por otro lado, permitir a la República, perseguir condiciones justas y equitativas para todos los acreedores”, sostiene el texto oficial.
En Nueva York
Los bancos ante el juez
Al cierre de esta edición, se desarrollaba en el despacho del juez Thomas Griesa en Nueva York, una audiencia convocada por el magistrado a pedido de los agentes pagadores de la deuda canjeada argentina.
Las entidades tienen en sus cuentas -como agentes fiduciarios de los canjes 2005 y 2010- plata depositada por la Argentina para pagar bonos reestructurados. El magistrado lo impide y los agentes financieros enfrentan reclamos del país y de los bonistas.
Los fondos buitre pidieron ser parte de la audiencia. Los abogados por la Argentina asistirían en principio como observadores, aunque a última hora el ministerio de Economía sugirió que también tendrán protagonismo.
La declamada estrategia es la de insistir sobre la necesidad de que se reponga el stay, una medida que suspendería momentáneamente el fallo del juez que obliga a pagar a los holdouts y, en consecuencia, impide el desembolso a los tenedores de Discount con ley europea.
Cuando el Bank of New York pidió instrucciones al juez sobre qué hacer con los US$ 539 millones que le depositó Argentina, Griesa ordenó devolver el dinero pero la Argentina no lo aceptó de regreso.
La sucursal de JP Morgan en Japón espera instrucción judicial para saber si paga a los bonistas los U$S 2 millones para tenedores de Discount en yenes. Clearstream y Euroclear aguardan similar decisión respecto de títulos emitidos bajo jurisdicción argentina pero en dólares.
Mientras no reciba la devolución del dinero, la Casa Rosada niega entrar en default. En el mercado financiero observan lo que sucederá en el Club de París; Axel Kicillof cerró un acuerdo global que debe ser ratificado con cada país acreedor.
Una cuestión de tamaño
A medida que pasan los días, el riesgo de la cláusula Rufo crece como el tamaño de un pescado en el relato de un pescador. Axel Kicillof aseguraba que las demandas que afrontaría el país si paga a los “buitres” antes de fin de año eran de U$S 120 mil millones. Desde ayer el cálculo se ha elevado a U$S 500 mil millones.
Claro que ese salto cuanti-cualitativo está en el relato desde el atril pero no en el escrito presentado a Griesa. Esta mañana, el jefe de Gabinete señaló que “lo que dice la Argentina es que necesitamos un stay. La suspensión de la orden de la ejecución de la sentencias con el objeto de la no aplicación de la cláusula Rufo. ¿Por qué razón? Por las implicancias sistémicas que generarían entre 120 a 500 mil millones de dólares, según el efecto de la aplicación por eventuales juicios que se propugnen contra la Argentina”.
Jorge Capitanich añadió que “a su vez, implicaría perjuicios notorios a los funcionarios responsables, desde la presidente a cada uno de sus ministros” por desobedecer -en caso de pagar- la Constitución y la leyes argentinas.
“Agresividad”
El documento argentino a Griesa subraya que los fondos buitre continuaron con acciones “que complicaron” la resolución del conflicto, “debido a que los litigantes continuaron con agresivos esfuerzos de litigio, incluyendo entidades con mayoría estatal como YPF, así como otras entidades no argentinas como Chevron”.
Ayer se conoció que los fondos buitre realizaron una presentación judicial en California para intentar embargar fondos de YPF y de Chevron. Es consecuencia de la luz verde judicial que logró Elliott para el “descubrimiemto de activos” que eventualmente pueda embargar.
El gobierno argentino afirmó que “se comprometió y continúa comprometido con el special master designado por la Corte” para hacer cumplir la sentencia. “Pero ese proceso (de los buitres) debería ser tenido en cuenta como restricciones legales y fácticas”, agregó el documento.
El dato
Excusas
Aurelius, unos de los “buitres”, exige cobrar sus títulos en default, aseguró que “la simple verdad es que los líderes argentinos no han tenido interés en negociar. No ahora ni tampoco durante los dos años y medio que el stay estuvo en vigencia. El último alegato argentino continúa la letanía de lamentos con excusas inventadas”, aseguró en un comunicado. Señala allí que “prefieren arriesgar el sustento de los argentinos antes que sentarse y alcanzar un acuerdo”.
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