Causa Puerto

La Justicia ordenó medidas

El juez Jorge Pegassano dio curso a las diligencias probatorias solicitadas por el fiscal Jorge Andrés. La causa tiene como principal investigado al presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Marcelo Vorobiof.

 

De la Redacción de El Litoral

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En el primer día hábil de regreso de la feria judicial de invierno, el juez de Instrucción Primera, Jorge Pegassano, dio curso a una batería de medidas probatorias solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, para darle curso a la denominada causa Puerto.

El decreto del magistrado tiene como antecedente una resolución de la Sala I de la Cámara de Apelación Penal -Roberto Prieu Mántaras, Sebastián Creus y Jaquelina Balangione-, mediante la cual se ordenó continuar la investigación por presuntas irregularidades en la administración del Puerto de Santa Fe, que recae sobre el presidente del Ente Portuario, Marcelo Vorobiof.

“Apenas bajó la causa de la Cámara inmediatamente desde la fiscalía pedimos que se lleven adelante las medidas probatorias que no se habían hecho hasta ahora”, declaró el fiscal Nº 7, Jorge Andrés.

Y si bien hubo que esperar a que finalizara la feria judicial para proseguir con la causa, “ayer 21 de julio, el juez sacó un decreto proveyendo absolutamente toda la prueba que había pedido la fiscalía”.

Sin embargo, el Dr. Andrés advirtió “un problema con dos medidas concretas en las que se deslizó un error”. Es por ello que el fiscal interpuso la revocatoria para tratar de resolver el malentendido.

Testimoniales e informativas

No obstante, entre las medidas que ya fueron pedidas, se encuentran programadas para la semana que viene la recepción de tres declaraciones testimoniales. Entre ellas se encuentran la denunciante que originó la causa; una asesora del puerto y personal de la sindicatura de la provincia que confeccionó los informes preliminares en los que se detectaron presuntas irregularidades administrativas. Las personas citadas deberán asistir al tribunal entre el 28 y el 31 de julio.

Mientras que para la primera semana de agosto -del 4 al 7- están previstas cuatro declaraciones informativas a miembros del directorio del EAPSF, respecto de su intervención en torno al desarrollo de la ejecución de la obra vial y peatonal en jurisdicción del Puerto por parte de la UTE Caro Engler.

Puntualmente la Justicia quiere saber “si tenían conocimiento de los informes técnicos negativos en torno a las certificaciones de avances de obra”, entre otros puntos vinculados.

Documental y allanamientos

Entre las diligencias más urgentes se encuentra un pedido al Casino Puerto de Santa Fe de “antecedentes relacionados al acuerdo celebrado con el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe a fines de 2012 o comienzos de 2013, donde se anticiparon cánones por aproximadamente $ 7.000.000”.

También el allanamiento a la sede de la firma Rumbo Portuario SRL; así como la remisión de antecedentes, balances e informes a distintos organismos como el Registro Público de Comercio, el Banco Central de la República Argentina, el Departamento de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe, el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, la Escribanía Mayor de Gobierno, entre otras.

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El fiscal Andrés insistió en imprimirle celeridad al proceso y reiteró el pedido de las medidas de prueba.

Fotos: Archivo El Litoral

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El juez Pegassano recibirá tres declaraciones testimoniales y cuatro informativas en las semanas venideras.

Amicus cuariae

  • Previo al inicio de la feria judicial el juez Pegassano dio curso a una presentación de Asociación Anticorrupción que encabeza el abogado Mario Pilo “que quería presentarse en el expediente solicitando su intervención como amicus curiae”, indicó el fiscal Jorge Andrés.

El funcionario explicó que es “un término latino que significa ‘amigo del tribunal’ y es una figura nueva que fue incorporada por las sucesivas legislaciones y fue empleado en juicios por delitos de lesa humanidad”. En esos casos “se permitía la presencia de estos amicus cuariae que colaboraban con el tribunal frente a determinados temas concretos”, continuó Andrés, que se opuso a la incorporación al considerar que “en este caso eso no corresponde por varias cuestiones, pero la más importante es que recién estamos en la etapa de investigación, que es la etapa de conocimiento. No podemos incorporar a alguien que dictamine sobre puntos que todavía no fueron probados”, dijo.