Consejo de la Magistratura
“En la Argentina, como en la región, la política tiene la fuerte vocación de entrometerse en la Justicia. Y esto ha evolucionado fuertemente, al punto que en 1994 la Constitución Nacional intenta ponerle un límite. Se crea el Consejo de la Magistratura, que tiene que seleccionar a los jueces por su idoneidad, antecedentes y méritos; evaluar su conducta; eventualmente formular una acusación ante el jury; dictar los reglamentos para la mejor administración del servicio de Justicia; y gestionar los recursos del Poder Judicial. Estas cinco tareas comenzaron a ser perturbadas desde el inicio del funcionamiento del cuerpo ”.
Con esa perspectiva histórica y la convicción de que el estamento de los abogados debe estar ocupada por alguien que “conozca el ejercicio de la profesión y los problemas que afectan a los profesionales, los jueces y la gente en todas las provincias”, Andreucci explica también su decisión de postularse para integrar el cuerpo, en las elecciones del 26 de septiembre. Y remarca que lo hace como parte de “un proyecto nacional, teniendo en cuenta la restricción de la ley actual, que sólo prevé un representante para Capital Federal y uno para todo el interior. En este marco, la propuesta es de un equipo radial, afincado en cada una de las regiones, ante el avance despiadado y descarado de la política partidaria, que ha provocado que la Justicia perdiese confianza pública”.
“Vemos la gran pérdida de lo que concebimos como ‘el banco de prestigio’, lo que hoy la Justicia le puede exhibir al ciudadano común. Hay que recuperar los principios republicanos, la austeridad, la humildad, el trabajo silencioso, eliminar la ostentación y el exhibicionismo, que perjudican a una gran cantidad de jueces probos, involucrados en esa imagen ante la opinión pública”, propone.
Con la independencia como eje, tanto para los abogados como para los jueces, los principales objetivos pasan por recuperar participación del estamento de profesionales en las distintas funciones del Consejo y fomentar la capacitación en todos los colegios provinciales. Y también acelerar la cobertura de juzgados federales, recuperar la administración de recursos -hoy en manos de la Corte- y ofrecer a la ciudadanía una mejora en la selección y control de los magistrados que contribuya a recuperar la confianza en la Justicia.
