Sigue la polémica
Nuevos cruces por la Ley de Abastecimiento
Los empresarios la calificaron de inconstitucional. El secretario Costa recibirá nuevamente hoy a los empresarios.
De la Redacción de El Litoral
DyN
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, salió hoy a responder a los industriales que cuestionaron el proyecto de Ley de Abastecimiento, al sostener que “no se pretende sustituir a la empresa ni a la iniciativa privada” sino a “hacer funcionar adecuadamente la defensa de la competencia para evitar la concentración económica”.
“Este conjunto de iniciativas tiende a garantizar una intervención regulatoria de carácter eficaz. No se pretende sustituir a la empresa ni a la iniciativa privada. Simplemente, evitar distorsiones de la cadena de intermediación”, indicó.
Capitanich agregó que, con esta ley, el gobierno pretende “evitar la concentración económica” y “que ganen todos los actores de la cadena” productiva y también los consumidores, al evitarse el aumento del precio de los bienes “de un modo indebido e incorrecto”.
No obstante, criticó que “ayer explicamos los alcances, pero observamos la estrategia comunicacional de grupos monopólicos concentrados a través de sus voceros y organizaciones calificadas, AEA, UIA o Copal, las que expresan esos intereses”, al tiempo que advirtió que “las asociaciones de consumidores no han tenido la posibilidad de expresarse” al respecto. Incluso comparó que “cuando el general (Juan) Perón impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos, también tuvo una fuerte resistencia, que sigue hasta ahora, pero no es casualidad, (porque) son los mismos grupos concentrados”.
Rechazo
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) hizo público ayer su rechazo al proyecto al que consideró “un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas, claramente inconstitucional”.
AEA indicó que la iniciativa “afecta el derecho de propiedad y a ‘ejercer toda industria lícita’ garantizados por nuestra Constitución, generando un fuerte disuasivo a la actividad empresaria, las inversiones productivas y el empleo”.
La Sociedad Rural Argentina por su parte consideró que la iniciativa es “inconstitucional” y “sólo profundizará la caída de la producción, la inversión y el empleo”.
En tanto el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea) tildó al proyecto de “intervencionista” y que “en nada ayuda a generar un buen clima de negocios” y exhortó a los legisladores a “abrir un amplio proceso de debate previo” a su tratamiento en el Congreso.
Por su lado, los industriales del sector alimentario esperan poder acordar una modificación del proyecto de ley. El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, señaló que “el proyecto nos preocupa”.
La Cámara Argentina de Comercio afirmó que la iniciativa “consolida el intervencionismo del Estado en el mercado” y abogó por un “debate amplio”.
En tanto que el titular de la UCR y precandidato presidencial por Unen, Ernesto Sanz, acusó al kirchnerismo de querer tener “una economía totalmente controlada por el Estado” y aseguró que la prioridad para el país es “crear empleo genuino y sanear la economía”.
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