editorial

• Las denuncias contra supuestas irregularidades en la administración del Ente deben investigarse con la máxima responsabilidad.

El Puerto de Santa Fe representa para la ciudad la posibilidad de abrir las puertas del desarrollo sostenido. De hecho, cualquier visión retrospectiva de la historia económica de la región permite detectar que los períodos de mayor crecimiento coincidieron, indefectiblemente, con los momentos de mayor actividad portuaria.

La ciudad se encuentra en una posición geográfica estratégica dentro de la hidrovía Paraguay-Paraná, que desemboca en el océano Atlántico a través del Río de la Plata. Sin embargo, el Puerto local padece fuertes restricciones de su competitividad a causa de los problemas de acceso e infraestructura, que fueron concebidas a comienzos de siglo XX para responder a las realidades del comercio y el transporte de cargas por agua de aquel tiempo. Hoy, su lejanía del canal troncal de navegación y sus limitaciones para recibir barcos grandes, representan un corsé que se pretende remover con el modernizador plan de reconversión portuaria.

Por eso desde fines de los noventa se trabaja en esta dirección, largo camino de estudios, gestión de créditos, trabajo de consultoras nacionales e internacionales, difusión del proyecto en numerosos foros portuarios del país y el mundo, aprobación de normas municipales, provinciales y nacionales que despejan el camino hacia su concreción, aportes dinerarios provinciales y garantía nacional respecto de los créditos del Fonplata, sostenimiento del proyecto por sucesivas administraciones provinciales, apoyo vigoroso de las Mesas del Diálogo y de las Entidades de la Producción, y también de la CGT local.

En este contexto, el Ente Portuario de Santa Fe se ha visto envuelto en los últimos tiempos por denuncias de irregularidades centradas en su presidente. Así, después de sostener el proceso licitatorio hasta la etapa de evaluación técnica de la oferta presentada por un grupo de cuatro empresas, Marcelo Vorobiof acaba de presentar su renuncia al gobernador de la provincia. Mientras tanto, se sustancian en la Justicia Penal las imputaciones del fiscal actuante.

Pero además, en forma paralela al trabajo judicial, en la Cámara de Diputados de la provincia se conformó una comisión investigadora, cuyos miembros adelantaron que la renuncia de Vorobiof no significa que el trabajo haya concluido.

Según explicaron en una conferencia de prensa legisladores de la oposición, el objetivo de dichas investigaciones apunta a indagar la posibilidad de que existan responsabilidades políticas por parte del gobernador y del intendente de la ciudad.

La Ley de Actividades Portuarias Nº 24.093, establece que el Ente portuario es un ente público no estatal que se rige por las normas del Derecho Privado, más allá de la discusión sobre el carácter público o no de su titular. No obstante, los integrantes de la comisión tienen derecho a investigar la materia de sus sospechas y el deber de hacerse cargo de sus acciones y resultados.

Después de seis gobiernos provinciales de distinto signo político que, sin solución de continuidad, sostuvieron y consolidaron el proyecto de reconversión portuaria, por primera vez el tema emana un tufillo político que distintos analistas vinculan con las elecciones generales del próximo año. Ante esta hipótesis cabe decir que el interés de la ciudad y su región está por encima del resultado de cualquier elección y del color político de quienes ocasionalmente cumplen el rol de oficialistas y opositores.

Más que una expresión de deseos, está a la vista el hecho cierto de que el proceso de modernización portuaria se convirtió en política de Estado, y convoca a los santafesinos de buena fe contra las trabas, operaciones e insidias que hubo de superar para construir una plataforma real de actividad económica que ofrezca alternativas de trabajo a una ciudad en la que la pobreza crece sin cesar.

El interés general de la ciudad y la región está por encima del resultado de cualquier elección y color político.