El arma era de un represor

Suspenden la reconstrucción por la muerte de Lisandro Scavuzzo

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“Hay un homicidio y no una muerte accidental” sostuvo Daniel Rocca. Foto: Mauricio Garín

 

De la Redacción de El Litoral

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Esta mañana, en una audiencia informal a cargo de la jueza Sandra Valenti, se resolvió la suspensión de la reconstrucción de la muerte del joven Lisandro Scavuzzo, ocurrida el 2 de abril pasado en la casa donde viven los hijos de una jueza de Familia de la provincia. La medida de prueba impulsada por el abogado de la querella, el Dr. Daniel Rocca, resultó impugnada porque la abogada que defiende a los dueños de casa presentó un certificado médico para uno de los presentes al momento de ocurrida la tragedia.

La muerte de Lisandro Pérez Scavuzzo ocurrida en una casa de la calle Dr. Zavalla 1934 no forma parte de la lista de homicidios ocurridos este año en la ciudad. Sin embargo, para los abogados de la familia “hay un homicidio y no una muerte accidental”.

El trágico episodio fue caratulado como “su muerte” y hasta que la familia Scavuzzo formalizó la querella, la Unidad Fiscal de Homicidios no había avanzado un ápice en la investigación.

“No fue así”

La decisión de participar como querellante por la muerte de su hijo fue de Alicia Scavuzzo, que es quien “advierte que lo que le dicen que sucedió no fue así”. El abogado Daniel Rocca contó de qué manera la mujer “se ha comunicado con amigos del chico y le han llegado comentarios que le daban sospechas”.

“Pasaban los meses y no tenía una respuesta a su inquietud. Porque ella no podía creer bajo ningún punto de vista que su hijo se haya disparado, ya sea intencional o accidentalmente”, explicó el profesional, que al tomar contacto con la carpeta judicial advierte que “el hecho no ha sucedido como se lo quiere hacer pasar que ocurrió”.

“A nuestro entender hay dos hechos ilícitos graves: uno es el homicidio -que se determinará culposo o doloso-, pero hay un homicidio y no una muerte accidental. Y por otro lado se deriva de eso la existencia de un arma de guerra sin la debida autorización en el domicilio, la cual también conlleva un reproche penal”, sostuvo el impulsor de la causa.

Faltan pruebas

Llama la atención a la querella que “pasaron tres meses y medio, sin la más mínima diligencia para el esclarecimiento por parte de la fiscalía”. Sólo con la pericia balística, “que es la que determina ángulo y distancia del disparo” se puede advertir que “no cabe ninguna duda que no fue accidental, o al menos que no se ha infringido él el disparo, porque la distancia del tiro es mayor a 50cm”.

Rocca cuestionó que se haya oficiado al Renar (Registro Nacional de Armas) “para determinar si el proyectil pertenece al arma que le entregan” pero nunca pidieron al Repar (Registro Provincial de Armas), a quién pertenecía. Eso se hizo a los cuatro meses por impulso de la querella”.

En la larga lista de reclamos por falta de investigación, el abogado cuestionó la ausencia de testimoniales. “Hay tres declaraciones en sede policial que no han sido judicializadas”.

“Otra prueba fundamental que se tendría que haber hecho es la reconstrucción, que se iba a llevar a cabo el viernes a las 11 de la mañana a pedido de la querella, pero fue suspendida. Es decir, todas las pruebas que tenemos en la carpeta judicial han sido impulsadas por la querella”, completó.

La medida de prueba solicitada por la querella estaba prevista para este viernes, en la casa de Dr. Zavalla 1934.

Arma homicida

  • El arma de la cual salió el disparo que mató a Lisandro Scavuzzo es un revólver calibre 38 largo Smith & Wesson, tipo detective, de caño corto y con un tambor que contiene 5 proyectiles. “Un arma súper poderosa para la cual se necesita autorización legal para portarla”. Sin embargo “el autorizado ante el Renar es un señor de apellido Herzberg (Juan Carlos), que hoy está privado de la libertad y que es el papá del actual esposo de la madre de los chicos involucrados”, explicó el abogado Rocca. En cuanto a Juan Carlos Herzberg, se trata del capitán de navío de Infantería de Marina retirado, condenado en 2010 a 10 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, en una causa por apropiación de menores.