Fueron los “reyes” de la obra pública

Piden hasta 4 años de cárcel para los hermanos Gualtieri

• Victorio y Saverio Gualtieri, nombres asociados a la obra pública en la década de los 90, enfrentan un juicio por supuesto fraude fiscal.

DyN

La fiscalía pidió condenas de tres a cuatro años de cárcel para los hermanos Victorio y Saverio Gualtieri, constructores de obra pública y receptores de crédito oficial durante el gobierno de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires en los años '90, en el juicio que se les sigue por supuesto fraude fiscal.

Los fiscales Julio Darmandrail y Carlos Martínez reclamaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata cuatro años de prisión a Victorio Américo Gualtieri; tres años y tres meses para Saverio Gualtieri; y tres años y medio al ex socio de aquellos Hugo Barreña.

Los tres, según el ministerio público, supuestamente perpetraron el delito de “obtención fraudulenta de beneficios fiscales” mediante tres operaciones realizadas a fines de la década del '90 por un total de 4,5 millones de pesos/dólares con empresas ligadas al régimen de promoción.

Por su parte, la querellante Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la abogada Mónica Borgonovo, solicitó la pena de cuatro años de prisión para los tres imputados.

Los acusados “integrantes del directorio de la empresa VAG S.A., obtuvieron fraudulentamente los beneficios del régimen otorgados en el marco de la ley 22021 de promoción industrial, a través de la simulación de inversiones efectuadas por VAG S.A. en las firmas Valle Oeste S.A., Manantial Oeste y Agronuez, empresas promovidas”, consideraron los fiscales.

Las supuestas inversiones “retornaron indebidamente a VAG S.A. vía préstamos. Los montos de esas inversiones simuladas fueron presentados a la Dirección General Impositiva para lograr el pago diferido de impuestos a los que VAG S.A. se hallaba obligado legalmente a ingresar al Fisco Nacional por los ejercicios fiscales 1996, 1997 y 1998”, agregaron.

Inhabilitación

Además del pedido de prisión, Darmandrail y Martínez pidieron al tribunal para los acusados la pena de inhabilitación especial por el plazo de diez años para obtener o utilizar beneficios fiscales.

Los tres empresarios eran presidente, vice y director de la ya quebrada firma Victorio Américo Gualtieri S.A. (VAG S.A.), que durante los años '90 resultó adjudicataria de mucha obra pública por la gobernación de Duhalde y recibió créditos del Banco Provincia de Buenos Aires, algunos de los cuáles nunca devolvió.

La operatoria, de acuerdo a la acusación fiscal, consistía en invertir dinero en empresas de San Luis, La Rioja y Catamarca, incluidas en los regímenes de promoción, pero inmediatamente esos valores volvían a la empresa como préstamos, sin que la inversión se hiciera efectiva.

Mediante ese mecanismo, se estima, los empresarios conseguían diferimientos impositivos por varios años y sin ningún tipo de interés.

Al comienzo del juicio, la imputación incluía 90 hechos como los descriptos por unos 20 millones de pesos/dólares, pero el tribunal consideró que muchos de ellos adolecían de defectos formales y dejó en pié solamente tres casos por 4,5 millones de pesos /dólares.