Iniciativas oficialistas al Senado
Iniciativas oficialistas al Senado
Pulseada de gobierno y empresarios
Ley de Abastecimiento y cambio de sede para pagar deuda marcan la estrategia oficial. Para el sector privado productivo, los proyectos sólo agravan la crisis.
De la redacción de El Litoral
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Con el procesado vicepresidente Amado Boudou al frente de la sesión del Senado, la mayoría kirchnerista del justicialismo buscará imponer esta semana los polémicos proyectos de ley sobre cambio de sede del pago de la deuda y para modificación de la Ley de Abastecimiento a fin de controlar a las empresas. Todo en medio de un clima económico de incertidumbre y con fuerte confrontación con los empresarios.
El presidente de Techint, Paolo Rocca, dijo que “la caída en las ventas de varios sectores industriales clientes (automotor, línea blanca, construcción) está impactando en el nivel de operaciones de Ternium Siderar y en las actividades del área de construcciones”. Y planteó que “deben recrearse las condiciones para otorgar mayores niveles de certidumbre a la economía local, corrigiendo desequilibrios macroeconómicos y aliviando la presión tributaria”.
El titular de la alimentaria Arcor, Luis Pagani, advirtió que “la Argentina se encerró y perdimos mercados por no seguir las negociaciones. También me preocupa la calidad de la educación”.
Pagani remarcó que a los empresarios les “preocupa más” la inflación y la caída del consumo y detalló que “cualquier obra que se pretenda hacer empieza con un presupuesto y termina saliendo el doble”.
Respecto del conflicto con los holdouts que litigan en Nueva York el pago de los bonos de deuda que adquirieron, agregó: “Es un tema importante. Tenemos previsto inversiones de 150 millones de dólares. A las empresas con necesidad de financiamiento eso nos complica y es un tema preocupante”, acotó.
Por su parte, Cristiano Ratazzi señaló que “la barbaridad que hicieron en 2002 nos va a llevar veinte años recuperar”. El presidente del grupo Fiat Argentina cuestionó, en el programa de Mirtha Legrand, las disposiciones económicas que tomó la presidencia del peronista Eduardo Duhalde como “la cancelación de contratos y la pesificación asimétrica”, y lamentó que después con la llegada del kirchnerismo “lástima que no lo fueron corrigiendo de 2003 a 2007”.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural (SRA) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) consideraron el proyecto de ley de abastecimiento como “un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas y es claramente inconstitucional”. Evalúan que afecta el derecho de propiedad y a ejercer toda industria lícita, garantizados por nuestra Constitución, generando un fuerte disuasivo a la actividad empresaria, las inversiones productivas y el empleo.
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