llegan cartas

¿Sólo cuestión de jurisdicción?

Ana María Cecchini de Dallo

Una vez más el gobierno pone a las Cámaras frente a un dilema mentiroso.

Esta vez parece posible que la oposición no adhiera a la aprobación del instrumento que está en tratamiento, llamado con grandilocuencia “de pago de la deuda soberana”, que sea capaz de decidir luego de mirar un poco más allá que la disyuntiva “ideológica” que usa el Ejecutivo para manipularlos: patria o buitres.

Pero lamentablemente el proyecto será ley mediante los propios votos oficialistas, con ella, además de convalidar la sugerencia de cambio de domicilio de pago a los bonistas, con las variadas implicancias que han sido consideradas como un suicidio, además, y diría por sobre todo, logran un “Bill de indemnidad” para dos gravísimas cuestiones llevadas a cabo en la gestión. La primera es la resolución del megacanje de 2010 realizada por Boudou, de cuya inmoralidad en la gestión no quedan dudas. El segundo tema es la fuerte sospecha de que el cupón PBI, que se pagó a los bonistas del canje en razón de los valores del PBI, estimados positivamente conforme a las estadísticas del Indec trucho, fue pagado estafando a la Nación, incorrectamente. Esta sospecha tiene agregada la necesidad de conocer quiénes fueron los beneficiarios.

Es imprescindible que la oposición se comprometa ante la sociedad, en un acuerdo compartido, respecto de la inmediata reforma de esta norma, apenas asumido el nuevo gobierno, para asegurar la investigación y correspondiente condena si las sospechas se comprobaran. La sociedad no admite más impunidad. Quizás ello también le permita al nuevo gobierno una mejor revisión del daño que nos hubiera causado el cambio de domicilio de pago.