editorial

  • Los cambios deben producirse de manera sostenida y en el menor plazo factible.

Reforma policial

La inseguridad, el narcotráfico y la corruptela extendida en amplios sectores de la Policía de la provincia representaron, sin lugar a dudas, el mayor desafío que debieron enfrentar los gobiernos de Hermes Binner y Antonio Bonfatti. Si bien es cierto que la situación terminó por eclosionar durante la actual gestión del Frente Progresista, indudablemente, se trata de un proceso de descomposición que se fue gestando durante las últimas décadas.

Sobre finales de octubre de 2012, la sociedad se vio conmovida frente a denuncias periodísticas sobre posibles vínculos entre el entonces jefe de Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, y bandas de narcotraficantes del sur provincial.

La política se apoderó rápidamente de la escena. Desde el kirchnerismo, se intentó aprovechar la situación para socavar la imagen del gobierno santafesino.

Pero más allá de que pudieran existir intereses mezquinos y evidentes intencionalidades políticas, el avance narco y la corrupción de la policía provincial son realidades inocultables, que se fueron profundizando ante la falta de reacción inicial por parte del gobierno.

En este contexto, el Poder Ejecutivo provincial viene anunciando desde hace tiempo un amplio proceso de reestructuración de la policía, tarea que no parece sencilla.

A mediados de febrero de 2013, se planteó la decisión de eliminar la figura del jefe de Policía de la provincia y las 19 jefaturas de Unidades Regionales que hoy existen. Se dijo, en aquel momento, que se avanzaría en la construcción de áreas más pequeñas y descentralizadas.

El proyecto apunta a nombrar cinco jefes territoriales -uno por cada región del plan estratégico provincial-, con el objetivo de generar una estructura más flexible y vinculada con los problemas específicos de cada zona en particular. Un año y medio después, estos cambios aún no pudieron ser plasmados.

En lo que sí se han logrado avances, es en la creación de tres unidades de alcance provincial: la Policía Vial, la Policía de Investigaciones, y una tercera agrupación que acaba de ser anunciada, bajo la denominación de Policía de Acción Táctica.

En cuanto a la Policía Vial, se observa un progresivo crecimiento de la fuerza creada a mediados de 2011. De todos modos, a tres años de su aparición, su presencia continúa siendo insuficiente en las rutas de la provincia. El gobierno asegura que trabaja para fortalecer la unidad y destina recursos para equiparla de manera conveniente.

La creación de la Policía de Investigaciones fue centro de un debate político que se prolongó durante demasiado tiempo, debido a las pujas que se produjeron entre el Poder Ejecutivo, sus socios del Frente Progresista y la mayoría justicialista en la Legislatura. Básicamente, lo que estuvo en juego fue quién controlaría a esta fuerza y en manos de qué sector estará el manejo del Ministerio Público de la Acusación.

Por último, ante la inminente partida de Gendarmería nacional de la ciudad de Rosario, el gobierno provincial acaba de poner en funcionamiento a la Policía de Acción Táctica. La fuerza contará con 590 efectivos en una primera etapa y será desplegada en zonas críticas.

Es verdad que se vienen realizando ingentes esfuerzos para transformar una estructura policial fuertemente corrompida y que no sufrió grandes cambios a través de las últimas décadas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.

Frente a la gravedad de la situación y el progresivo incremento de la inseguridad, resulta imprescindible avanzar de manera sostenida. El tiempo, en este caso, es un bien preciado.

El avance narco y la corrupción de la Policía provincial son realidades inocultables.