En el Tribunal de Cuentas

Galassi defendió la designación de vocales sin concurso público

  • El ministro de Gobierno justificó el decreto de Antonio Bonfatti, que da marcha atrás con el mecanismo que había instaurado Hermes Binner. Negó que a partir de ahora los nombramientos sean a “dedo”. Y rechazó que se quiera perjudicar a Horacio Alessandria. Hubo críticas de abogados y académicos.
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“Como estaba hecho de la otra manera, por concurso, se otorgaban muchísimos puntos a la persona que ya tenía un recorrido en estos órganos de control”, dijo Rubén Galassi.

Foto: Archivo El Litoral - Flavio Raina

 

Ivana Fux

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“No es a dedo ni un retroceso”. El ministro de Gobierno de la provincia defendió la decisión del Poder Ejecutivo de eliminar los concursos públicos para designar a los futuros vocales del Tribunal de Cuentas. Rubén Galassi se esforzó por justificar la determinación, que implicará volver al viejo método donde el que propone a los candidatos es el propio gobernador. La semana pasada, el Colegio de Abogados de Santa Fe y autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL cuestionaron el cambio de sistema. Sin embargo, en diálogo con El Litoral, Galassi insistió en aseverar que la modificación no implica un “retroceso”, sino la posibilidad de abrir el juego y participar.

Mediante el decreto Nº 1.655 de 2014, Antonio Bonfatti derogó el Nº 3067 firmado en 2008 por el entonces gobernador Hermes Binner -y por el propio Bonfatti en su condición de ministro de Gobierno-, mediante el cual se exigía el concurso y se creaba el Consejo de Selección para los vocales del Tribunal. El nuevo decreto de Bonfatti descansa en el “ejercicio de la facultad constitucional” que le confiere al Poder Ejecutivo la potestad de nombrar a los miembros del organismo de control. Y establece que los propuestos deberán ser sometidos a consideración de la opinión pública, antes de la remisión del pliego correspondiente a la Legislatura.

En su crítica, los abogados y académicos plantearon días atrás que comparten la idea de generar participación ciudadana, pero advirtieron que “la idoneidad técnica y la experticia para ocupar cargos en el Tribunal de Cuentas de la provincia, debe seguir siendo evaluada por los profesionales tanto del Derecho como de Ciencias Económicas”.

—¿No habrá marcha atrás con este decreto que para muchos implica un retroceso? -preguntó El Litoral a Galassi.

—Un retroceso de acuerdo a quien lo plantee. Para nosotros no es un retroceso; es un mecanismo similar al que estamos aplicando para la designación de miembros de la Corte Suprema de Justicia. En todo caso será la opinión del Colegio de Abogados, que yo respeto, pero estamos dentro de lo que la ley nos habilita. Y no estamos sacando requisitos; estamos ampliando la posibilidad de que más ciudadanos puedan participar. Porque como estaba hecho de la otra manera, por concurso, otorgaba muchísimos puntos a la persona que ya tenía un recorrido en estos órganos (de control) y dejaba afuera, a lo mejor, a mucha gente con conocimiento, formación y capacidad pero que no había pasado por estos organismos. Así que creemos que estamos al revés, ampliando las posibilidades para que mucha gente capaz, honesta y con vocación para integrar estos órganos de control pueda calificar para integrarlos.

—Ud. habla de quienes suman puntos por haber integrado los órganos de control. ¿No es este decreto, como muchos sostienen, para perjudicar a Horacio Alessandria, ex miembro del Tribunal, hombre que viene del justicialismo y quien concursó con uno de los mejores puntajes para una vocalía?

— No creo que pensar en una sola persona... Ustedes saben que también hubo otros concursos en los que las personas que salieron en los primeros lugares no fueron después avaladas por la Legislatura. Se está buscando un mecanismo que permita gente calificada que proponga el Ejecutivo y que tenga el aval legislativo. Si lo aplicamos para la Corte que es el órgano de mayor responsabilidad del Poder Judicial, un órgano fundamental en la estructura institucional de una provincia, cómo no vamos a poder aplicar el mismo procedimiento para un órgano de control como el Tribunal de Cuentas...

—¿No es un nombramiento a dedo?

—No no; es nominación del Ejecutivo, proceso de exposición de antecedentes, de trayectoria y capacitación, posibilidades de que la ciudadanía lo impugne y luego, aval legislativo. Así que mire si no estamos cumpliendo con lo que establece la Constitución y las leyes...

Enroque y nuevas direcciones

Mediante el decreto Nro. 2039 del 11 de julio, el Poder Ejecutivo modificó la estructura del área de comunicación social del gobierno provincial, y creó dos nuevas direcciones: la Dirección Provincial de Contenidos y la Dirección Provincial de Comunicación Digital.

En los considerandos, se fundamenta la decisión a partir de “la necesidad de dar una respuesta adecuada a la política comunicacional del gobierno”, y apunta a “la política de comunicación digital interactiva del estado provincial”.

Concretamente, la Subsecretaría de Comunicación Visual y Gestión de Imagen se denominará a partir de ahora Subsecretaría de Contenidos de Comunicación. Supeditada a ella se crea la Dirección Provincial de Contenidos, y dependiendo de la Subsecretaría de Modernización de Gestión, se crea la Dirección Provincial de Comunicación Digital.

En cuanto a los responsables políticos de cada área, Daniel Canabal deja de ser subsecretario de Comunicación Visual y se convierte en subsecretario de Contenidos de Comunicación. En tanto, Ricardo Attala pasa de ser director provincial de Medios a Director Provincial de Contenidos. En cuanto a las nuevas reparticiones, es designado Juan Etchegaray -hasta aquí Asistente Técnico Nivel 1- como director provincial de Medios, y Dardo Adrián Ceballos -hasta aquí Asistente Técnico Nivel 2- como director provincial de Comunicación Digital. Según el decreto, los dos nuevos directores tendrán un ingreso mensual de 22.752 pesos.

El dato

Presupuesto

Conocidas las variables macroeconómicas y características del proyecto de Presupuesto nacional para 2015 (ver pág. 7), la provincia espera ahora la “letra chica” y datos más precisos de dicha iniciativa para avanzar en la confección del proyecto provincial de gastos y recursos para el año que viene. Fuentes de esa cartera dijeron esta mañana a El Litoral que trabajan como para “llegar a tiempo” y poder ingresar el mensaje a la Legislatura en los tiempos constitucionales, que marcan el 30 de septiembre como límite. Pero admitieron que si ello no es posible, solicitarán una prórroga al Parlamento para poder concluirlo.