Se votó esta madrugada

El gobierno ya tiene su ley para “regular” producción y consumo

• Así definió Diana Conti al texto de la norma sobre abastecimiento, que se complementó con la creación del Observatorio de Precios y de un fuero especial.

De la redacción de El Litoral

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DyN

El gobierno nacional consiguió esta madrugada aprobar en la Cámara de Diputados la nueva Ley de Abastecimiento, con 130 votos a favor, 105 en contra y 5 abstenciones. También sancionó la creación de un Observatorio de Precios (136 votos afirmativos a 104 negativos) y de un fuero especial para “el sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo” (202 votos a favor y 36 en contra).

El oficialismo obtuvo un quórum de 139 legisladores, a las 12.35 de ayer con la ayuda del diputado ¿massista? Martín Insaurralde, el moyanista Omar Plaini y los legisladores que responden al gobernador cordobés José Manuel De la Sota, Juan Schiaretti, Carlos Caserio y Blanca Rossi. Ninguno de los candidatos presidenciales de la oposición -Julio Cobos, Ernesto Sanz, Elisa Carrió, Hermes Binner y Sergio Massa- dio quórum en la sesión.

El kirchnerismo consiguió 130 votos a favor gracias a sus tradicionales aliados y al apoyo de la ex piquetera del MIJD de Raúl Castells, Ramona Puchetta (Frente por la Inclusión Social), y del moyanista Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo). Se destacaron las abstenciones de los diputados de Unidad Popular Víctor De Gennaro, Claudio Lozano y Antonio Riestra, junto a Alicia Comelli y Adrián San Martín, ambos del Movimiento Popular Neuquino.

Por la negativa se manifestó la mayoría de la bancada radical, el PRO, Frente Renovador, Partido Socialista, Coalición Cívica ARI, GEN, Frente Cívico de Córdoba, Compromiso Federal, Unión por Córdoba y Facundo Moyano (Cultura, Educación y Trabajo), entre otros.

La ultrakirchnerista Diana Conti, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue informante del oficialismo y en la apertura del debate resaltó que la iniciativa apunta a que “el Poder Ejecutivo tenga los instrumentos para defender de mejor manera a los usuarios y consumidores”.

La jefa del bloque kirchnerista, Juliana Di Tullio, fustigó a los sectores de la oposición por “ponerse del lado más fuerte del más poderoso”. Resaltó que con estos proyectos el gobierno “ha tomado una decisión para fortalecer el Estado con herramientas para que pueda regular esa relación entre la producción y el consumo”, al tiempo que rechazó que sea una ley “chavista” al sostener que “estas normas están en todo el mundo”.

Facultades polémicas

Clausurar, multar, decomisar

La ley sancionada hoy califica como infractores a quienes “elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas”.

También califica así a quienes revalúen existencias, acaparen materias primas o productos, almacenen “existencias superiores a las necesarias”, intermedien “innecesariamente”, practiquen acciones monopólicas o se nieguen a vender.

La autoridad de aplicación quedará a designación de la presidente y los funcionarios serán facultados para multar y clausurar, requerir auxilio policial, inspeccionar en horas hábiles y días de funcionamiento los locales (industria, comercio, servicios, campo) además de poder solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento.

Podrán “secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios por un plazo máximo de hasta 30 días hábiles; intervenir la mercadería; clausurar preventivamente hasta por 3 días los locales y solicitar judicialmente la extensión de ese plazo.

También podrán citar a los presuntos infractores para que concurran a prestar o ampliar declaración, así como a las personas perjudicadas por una infracción o a los testigos presenciales.

Incluso faculta a vender la mercadería intervenida, fijando el monto de la indemnización. “La resolución administrativa que imponga sanciones podrá ser impugnada solamente por vía de recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o ante las cámaras federales de apelaciones competentes”, aclara el texto sancionado.

Contra la arbitrariedad

La exposición de los jefes de bloques fue inaugurada a la 1 de la madrugada por el representante del Frente Amplio Progresista (FAP), Juan Carlos Zabalza, quien rechazó la propuesta del kirchnerismo al afirmar que “no se puede confundir Estado con un funcionario, como no se debería confundir un gobierno con partido de gobierno”.

El titular de la bancada del PRO, Federico Pinedo, señaló que “nos quieren llevar a una oscura noche” al “darle poder a algunos funcionarios” para ejercer “una forma de control político y con absoluta arbitrariedad”.

Por el massismo, el diputado Oscar Martínez sostuvo que “nos cuesta afirmar que pueda ser la solución definitiva a los problemas de la Argentina”.

El jefe de los diputados radicales, Mario Negri, enfatizó que la nueva ley es “absolutamente inconstitucional”, y consideró que “lo que busca es mayor discrecionalidad, pensando que ejerciendo temor se puede encontrar disciplina”.

Tras recordar que “los únicos países” que tienen una ley con esas características “son Ecuador y Venezuela”, Negri dijo creer que el gobierno “lo que busca es mayor discrecionalidad, mucha arbitrariedad” porque “no encuentra la solución al problema que se tiene”.

La clave

Inconstitucionalidad

El Grupo de los Seis advirtió el “impacto adverso” de la ley que valida “mayores intervenciones discrecionales en la actividad económica con las implicancias negativas ya observadas en los últimos años”. El grupo está integrado por la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino; la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; la Cámara Argentina de Comercio; la Cámara Argentina de la Construcción; Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina. El diputado del Frente Renovador José Ignacio de Mendiguren, ratificó que el G-6 presentará “pronto” un pedido de declaratoria de inconstitucionalidad.

El dato

“Son fantasmas”

Axel Kicillof descalificó “las acusaciones sobre que el gobierno pretende la Ley de Abastecimiento para llevarse los granos de los silos bolsa”. “Es una locura pensar que vamos a regular los precios de los bienes de la economía”, enfatizó el ministro. La diputada oficialista Diana Conti dijo en el recinto que la norma es para que el Estado intervenga donde se “acopian materias primas que son necesarias para satisfacer necesidades básicas”. El ministro rechazó la idea de intervencionismo; dijo que con la ley “el calvario de hacer un reclamo se acaba”.