Tiene más de 130 años y sigue esperando obras de remodelación

Lía Masjoan

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En el corazón de la peatonal San Martín, una histórica casona resiste el paso del tiempo y la ausencia de obras que fortalezcan su antigua estructura. La Casa Tons, construida en 1880, quedó atrapada detrás de las marquesinas que la rodean desde 2011, por una disputa entre los propietarios (un condómino formado por Huspenina y Mántaras) y la Municipalidad.

Mientras, su deterioro avanza y se incrementa el riesgo de “que se produzca, sin un aviso, un colapso de elementos sueltos o sectores del inmueble”, según advierten los peritos judiciales en las conclusiones del informe pericial de marzo de este año que elevaron a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1. Esta semana se darán las primeras audiencias entre las partes en los Tribunales santafesinos, para intentar destrabar el conflicto.

La historia reciente del inmueble ubicado en la esquina con calle La Rioja se remonta a 2010 cuando, tras la caída de mampostería, la Dirección de Edificaciones Privadas declaró en estado de ruinas el inmueble y autorizó a Fiscalía Municipal a gestionar la orden judicial para demolerlo por completo. Huspenina planteó un “recurso de reconsideración y apelación” pero el municipio, con un dictamen propio avalado por la Comisión Municipal de Defensa del Patrimonio Cultural, insistió con la necesidad de derribarlo por considerarlo “de serio peligro para la protección civil de la población”. Además, clausuró los locales comerciales de planta baja y convocó a un concurso privado de precios para demolerla, que ganó la empresa EFE construcciones.

En 2012, la Justicia dictó una medida cautelar mediante la cual suspendió provisoriamente la demolición y designó dos peritos para que constaten el estado del inmueble, un arquitecto y un ingeniero civil. Por tanto, el intendente José Corral debió dictar una resolución (la Nº 500) y dejar sin efecto el contrato con EFE para demoler la casona. A la vez, intimó a los propietarios a hacer las reparaciones.

Dos pericias

En el dictamen, los peritos reconocen la falta de mantenimiento general del inmueble pero dejan sentado que “el edificio en su totalidad no se encuentra en estado de ruina y peligro de derrumbe; sí lo está su planta alta”, advierten. Aseguran que “esta falta de conservación y estado de ruina de toda la planta alta que da hacia la vía pública (peatonal y La Rioja), sumado a la antigüedad de la construcción (ladrillos asentados en tierra), a su altura, a las vibraciones y movimientos ocasionados desde la calle, a las numerosas grietas de los muros, al ingreso de agua de lluvia, a la falta de propuestas de reparación o restauración (escritas) por parte de los propietarios, potencian a que se produzca un inminente siniestro”.

En marzo de este año, a pedido del municipio, realizaron otra pericia donde recomendaron la inmediata intervención de las habitaciones de la planta alta y de todos los elementos flojos de la fachada (mejorar,

El dato

Patrimonio

Esta construcción figura en el catálogo de las 200 obras declaradas como patrimonio. De autor y constructor anónimo y conocida originalmente como Casa Tons, fue construida en 1880 -hace 134 años- y responde al período liberal. Consta de planta baja y primer piso, espacios destinados, respectivamente, a uso comercial y vivienda familiar.

Cuando el municipio determinó su demolición, exigió a la empresa que contrató que “rescate los elementos de herrería y ornamentales que van a quedar en custodia del municipio en función de que se trata de un inmueble que, a pesar de estar en ruinas, pertenece al acervo patrimonial, cultural y arquitectónico de la ciudad”.

 

reforzar, apuntalar, impermeabilizar y/o demoler), debido al estado de riesgo edilicio y su agravamiento. Por eso, en mayo la Cámara ordenó a los propietarios que desarrollen las tareas necesarias que indican los peritos y los emplazó: “En los términos improrrogables y perentorios de cinco a diez días”.

¿Y las obras?

Viviana Huspenina, hija de uno de los dos propietarios, aseguró querer restaurar el inmueble. Es por eso que hace tres años inició esta lucha judicial para mantenerlo en pie. A fines de 2012 presentó un proyecto de restauración, pero “el municipio todavía no lo aprueba, va sumando exigencias y reclama información ya presentada, como que los cálculos de obra los vuelva a hacer un ingeniero civil y no la arquitecta”, contó a El Litoral. “La novedosa exigencia en esta última oportunidad es la autorización de la totalidad de los propietarios, aunque la Municipalidad siempre obró y admitió la división catastral y sujeción a PH”, acotó.

Para Huspenina, con esta actitud el municipio “nos está llevando a incurrir en una mora judicial”. Y destacó “los permanentes obstáculos técnicos que se oponen al permiso de edificación al punto de requerir documentación ya presentada, la modificación de criterios en relación al dominio, la nueva exigencia de escritura pública a sabiendas de la renuencia y pasividad de los demás propietarios (Mántaras) funcionales a la decisión de demolición y la absoluta inactividad de la administración municipal”.

Por todo esto, privilegiando el cumplimiento de la orden judicial y con la enorme preocupación que causa el avance del deterioro y el riesgo inminente, “vamos a iniciar igual las obras de restauración”, aseveró Huspenina.

El 15 próximo, las partes están citadas a una audiencia judicial: “Queremos preguntar al municipio por qué no nos dejan arreglar la casa. Si no se va a demoler ¿por qué el propio Estado nos está poniendo obstáculos para cumplir una sentencia judicial y atenta contra nuestros propios derechos y obligaciones como propietarios, que no podemos hacer uso y goce del bien, con los perjuicios económicos que vienen produciéndose?”; finalizó Huspenina.

Antecedentes

22 de abril de 2010: edificaciones Privadas de la Municipalidad declaró en estado de ruinas el inmueble.

Septiembre de 2010: se autorizó a Fiscalía Municipal a gestionar la orden judicial para ejecutar los trabajos de demolición completa del inmueble.

2 de marzo de 2011: uno de los dos propietarios planteó un “recurso de reconsideración y apelación”.

4 de abril de 2011: se dispuso una inspección de Edificaciones Privadas con la intervención de la Comisión Municipal de Defensa del Patrimonio Cultural, la cual dictaminó y ratificó la necesidad de demoler el inmueble por considerarlo de serio peligro para la protección civil de la población.

16 de septiembre de 2011: se clausuraron los locales comerciales de planta baja por peligro de derrumbe.

25 de agosto de 2011: el municipio ordena demoler la planta alta del inmueble.

Agosto, septiembre, octubre 2012: se contrató a la empresa EFE Construcciones. Interviene la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nº 1 y la Municipalidad debe frenar la demolición. Huspenina presenta un proyecto de restauración. Todavía no fue aprobado.

La clave

A juicio

En el año 2012 el propietario Francisco José Huspenina inició un juicio contra la Municipalidad por haber dispuesto oportunamente el desalojo de los locales y demolición del inmueble. Se tramita ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Santa Fe, a cargo de Alfredo Gabriel Palacios, Federico José Lisa y Luis Alberto De Mattía. La semana que viene las partes están citadas en el marco de la etapa de apertura de pruebas.