editorial

• El gobierno de Nicolás Maduro bloqueó el sitio argentino Infobae para todos los habitantes de Venezuela.

Presiones sobre la prensa latinoamericana

Las muertes del diputado chavista Robert Serra y la de su pareja, ocurridas en Caracas a principios de este mes, sacudió a la ya conmocionada Venezuela, un país que en los últimos años se ha convertido en uno de los lugares más violentos de Latinoamérica y del planeta.

Con una tasa de 53 muertes por cada 100.000 habitantes, la ONU considera a Venezuela como el segundo país más violento del mundo, superado sólo por Honduras (con 90,4 homicidios por cada 100.000).

Desde que la noticia tomó estado público, tanto el chavismo como la oposición condenaron los hechos y plantearon la necesidad de investigar a fondo lo sucedido.

Frente a esta situación -y como es su costumbre-, el gobierno de Nicolás Maduro apuntó contra la prensa. En este caso, el chavismo decidió bloquear al sitio web argentino Infobae desde el 10 de octubre pasado, luego de que este medio publicara fotografías del cuerpo de Serra.

La ministra de Comunicación e Información de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo a través de Twitter que el bloqueo del sitio de noticias argentino se decidió “por mancillar el honor del joven diputado Robert Serra e irrespetar la integridad de su familia”.

Se puede discutir si la publicación de las fotografías fue o no atinada desde el punto de vista de la ética periodística. Sin embargo, lo que resulta inadmisible para cualquier país que se dice democrático es que el gobierno tome la decisión de censurar a un medio, decidiendo de esta manera cuál es la agenda informativa a la que los venezolanos pueden tener acceso.

Desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se denunció lo ocurrido, al considerar que se trata de una “medida totalitaria” en materia de comunicación: “Estas decisiones hacen que el gobierno de Maduro se parezca cada vez más a Cuba”, afirmó la organización.

Pero la censura explícita, que aplica en este caso el chavismo, no es la única herramienta destinada al control del flujo de informaciones.

Desde hace algunos años, la SIP viene planteando que los gobiernos de algunos países de Latinoamérica están embarcados en un proceso de “exceso de protagonismo y propaganda a través de medios oficiales”. Y entre los ejemplos más salientes, resaltó lo que viene sucediendo en Argentina, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Venezuela.

De hecho, el gobierno argentino amplió recientemente en 300 millones de pesos la partida de gastos para Prensa y Difusión de actos oficiales -rubro Publicidad y Propaganda-, en lo que fue la tercera ampliación presupuestaria en lo que va de este año.

Según el Presupuesto Nacional, durante 2014 se habían destinado a este rubro 958 millones de pesos. Sin embargo, a través de meras decisiones de carácter administrativo de la Jefatura de Gabinete -sin pasar por el Congreso- la cifra ya se elevó hasta alcanzar los 1.568 millones.

En Ecuador, los órganos de control aplican fuertes multas a los medios “disidentes”, generando un preocupante clima de autocensura. Y en Venezuela, alrededor de 30 medios impresos se ven perjudicados por la escasez de papel -cuya distribución maneja el gobierno-, por lo que al menos 12 han dejado de circular temporal o definitivamente.

La censura explícita, que aplica en este caso el chavismo, no es la única herramienta destinada al control del flujo de informaciones.